EL cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika es un objetivo prioritario irrenunciable para Euskadi. La culminación de las competencias explícitamente establecidas en el texto que configura y plasma el marco legal del autogobierno y el pacto de convivencia entre los vascos y con el Estado español es, por tanto, un derecho de la ciudadanía vasca que lo avaló mayoritariamente en el referéndum de 1979. Más de cuarenta y tres años después, sin embargo, se mantiene su incumplimiento, con más de una veintena de competencias aún sin transferir por falta de voluntad política de los diferentes gobiernos del Estado. Es una asignatura permanentemente pendiente. Es necesario, por ello, acelerar el proceso de transferencias aún no completadas, más allá de las excusas “técnicas” que a estas alturas resultan ya poco verosímiles. El motivo fundamental para hacerlo es puramente legal: llenar de contenido el Estatuto con las competencias previstas en él es, sencillamente, cumplir una ley orgánica. En los últimos meses en los que ha tenido lugar una crisis institucional sin precedentes por la no renovación de cargos en el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han argumentado hasta la saciedad, y sin que les faltaran razones, que el PP estaba “incumpliendo la Constitución”. Ayer mismo, Moncloa acusó a los populares de “rebeldía constitucional” por no cumplir lo establecido en la llamada carta magna. Para Euskadi, incumplir, después de 43 años, el Estatuto de Gernika supone también una forma de rebeldía constitucional. Además, es un incumplimiento de los compromisos adquiridos y firmados y del calendario pactado con el Gobierno vasco y con el PNV. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, mostró ayer su enfado con el Ejecutivo español por este motivo y dejó claro que el año recién terminado “se ha cerrado en falso y sin avances en el proceso transferencial” y tampoco en el cronograma acordado para los traspasos. El Gobierno español –que reconoce que, como mucho, ha cumplido “el 50%” de los compromisos con Euskadi– tiene una extraordinaria tarea por delante en materia de autogobierno y cumplimiento estatutario en este último año de legislatura. La voluntad política o la ausencia de la misma determinarán realmente su grado de cumplimiento de este compromiso.