Entra en vigor la reforma del Senado para dilatar la amnistía

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la reforma del Reglamento del Senado que permitirá dilatar la aprobación de la ley de amnistía y que obliga al presidente del Gobierno y a sus ministros a comparecer en el pleno. La modificación legislativa fue aprobada el 14 de noviembre en la Cámara Alta gracias a los votos de la mayoría absoluta del PP y el apoyo de los senadores de Vox y UPN, e implica la rectificación de los artículos 133 y 182 del Reglamento del citado hemiciclo.

De esta manera, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia –un plazo de 20 días, más concretamente– o de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses, aunque puede ser más tiempo si por medio hay “vacaciones parlamentarias” como ocurre en enero. La maniobra de los populares busca dilatar todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía, una jugada ante la que el PSOE anunció que plantarán batalla ante el Tribunal Constitucional (TC), al igual que generó protestas de otras formaciones por considerar que el PP se está saltando la Carta Magna.

Esta modificación del Reglamento implica también que el presidente del Gobierno y sus ministros tendrán que comparecer en el pleno de la Cámara Alta cuando así lo reclame la Junta de Portavoces a solicitud de dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los senadores, una posibilidad que hasta ahora no se recogía explícitamente en las reglas que rigen la Cámara Alta.

Acción conjunta Vox-PP

Y mientras Congreso –controlado por los socialistas– y Senado –por los populares– se abocan a un choque desconocido hasta la fecha, Vox busca “coordinar” junto al PP “la respuesta institucional” frente al “golpe” del presidente de Sánchez mediante la ley de amnistía. De hecho, Santiago Abascal ha pedido una reunión al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “He pedido una reunión para coordinar esa respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado“, explicó el dirigente de la formación ultraderechista.

Abascal precisó que hay “diferencias jurídicas” entre Vox y PP sobre la forma en la que proceder en el Senado frente a la amnistía, pero aclaró que esas discrepancias no deben de ser obstáculo para que ambas formaciones puedan “sentarse y hablar” sobre ello porque es el momento de “intentar todo lo posible”. “Además, tenemos que asumir que tenemos que asumir riesgos personales”, agregó. Sobre las diferencias, indicó que mientras el PP piensa que lo que puede hacer en el Senado “es un mero trámite”, Vox dispone de “otra información jurídica”. “Creemos que al letrado mayor del Senado se le puede solicitar un informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y si la ley no es constitucional entendemos que el Senado no debería tramitarla”, tal y como apostilló.