El autor celebra la anunciada derogación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 como un avance democrático impulsado por el PNV, pero critica que el nuevo proyecto mantiene amplias facultades de clasificación y plazos excesivos. Advierte de que podría limitar el acceso a información pública, afectar la libertad de prensa y frustrar el conocimiento pleno de la transición y el franquismo