HACE tiempo que dejó de sorprender. Cada vez que la Justicia tiene que pronunciarse sobre el euskera en la administración pública, lo hace en contra. La última ha sido anteayer, cuando supimos que un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha obligado a la Academia Vasca de Policía a readmitir a un centenar de aspirantes que no habían acreditado el perfil B2. La decisión llega –y esto tampoco es nuevo– como respuesta a un recurso de uno de los dos grandes sindicatos españoles, en esta ocasión, UGT. Provocaba una mezcla de estupor, tristeza y bochorno asistir a la celebración de la central de lo que, según piaba un portavoz exaltado en redes sociales, constituía un triunfo sobre el “apartheid lingüístico”.
Miren que no me gustan las palabras sobradas de vitriolo como euskarafobia, pero hay que hacer esfuerzos para no atribuírsela a quienes sistemáticamente siguen embarrando el patio con la excusa de la lengua. Hablo de politicastros, sindicalistuelos y señorías togadas que no quieren entender que han pasado más de cuarenta años desde que se formuló el propósito de alcanzar la normalización del empleo del idioma minorizado. Pudo hacerse, como en otros lares, sin contemplaciones, a través de la imposición o alguno de sus sucedáneos. Se optó, sin embargo, por una flexibilidad que, a la larga, no ha sido correspondida por buena parte de quienes se beneficiaron de ella. Y no digo que no fuera lo correcto, pero clama el cielo que cuatro decenios después, siga habiendo quien niegue el derecho de las y los euskaldunes a comunicarse en su lengua con los trabajadores públicos.
