El Congreso de los Diputados acaba de encarrilar otra reforma constitucional exprés para que las islas de Eivissa y Formentera elijan cada una de ellas a un senador propio y no tengan que compartirlo. Como ya ocurrió cuando se retocó la Constitución española en 2011 para afrontar el déficit económico, y en 2024 para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”, el PNV no esperaba que sus enmiendas sobre el derecho a decidir, el modelo territorial y los límites a la inviolabilidad del rey tuvieran ningún éxito ni que resultaran aprobadas en las Cortes estatales. Sin embargo, ni siquiera se ha permitido el debate y la votación de sus propuestas porque, de nuevo, la Mesa del Congreso las ha cortocircuitado para impedir siquiera su tramitación. Y lo ha hecho no solo con los votos del PP, sino también con los del PSOE, que gobierna gracias a una mayoría plurinacional. El diputado Mikel Legarda, el portavoz jeltzale en la Cámara para asuntos jurídicos, ha denunciado este "atropello antidemocrático" durante su intervención en el pleno. El PNV critica que la Mesa se quite de encima esta patata caliente con el argumento de que varias de las propuestas jeltzales tendrían que plasmarse a través de un procedimiento de reforma agravada de la Constitución (que exige, entre otras cuestiones, convocar elecciones), y las que no requieren de ese procedimiento agravado son cuestiones que no guardan relación con el objetivo inicial de esta iniciativa que se ha tramitado, sino que constituyen una iniciativa distinta. El PNV acepta la crítica política y contaba con ella, no esperaba salir ovacionado de este debate ni con sus enmiendas aprobadas. Otra cuestión muy distinta es que ni siquiera se permita el debate en pleno.
Legarda comenzó su intervención dejando claro que votaría a favor de reformar el artículo 69.3 como solicitaba el Parlamento balear. Pero lamentó que "no tendremos ocasión de debatir" las propuestas jeltzales porque se han inadmitido en la Mesa, un rechazo que ya sufrió en 2024, como recordó Legarda. El jeltzale criticó que se aplique a su grupo "de forma extensiva" el principio de "congruencia" del Tribunal Constitucional "en detrimento del parlamentarismo". Y avisó a PP y PSOE de que esta interpretación se les puede volver en contra si, en el futuro, son ellos quienes proponen la modificación de una ley ómnibus con una cuestión que no aparezca ahí recogida (hay ejemplos en la práctica parlamentaria). "¿Se van a aplicar a sí mismos ese principio, o solo se lo aplican a los grupos minoritarios abusando de su posición hegemónica en la Cámara? Siempre les quedará esta interpretación extensiva de la congruencia para aplicársela a los grupos minoritarios cuando les convenga. Señorías del PP y del PSOE, como ya dijimos en 2024, en democracia las formas son también su contenido. Esto ha sido un atropello antidemocrático. Lo que más descalifica a una democracia es no dejar hablar, sin perjuicio de que luego obviamente se vote lo que se considere y se respete por todos el resultado de esa votación. No olviden que las constituciones son producto de la pluralidad, a diferencia de las leyes, que son de la mayoría", zanjó.
El PNV, como ya es costumbre cada vez que se abre el melón constitucional, había puesto sobre la mesa sus reivindicaciones clásicas, a las que no renuncia. Sin embargo, no tenía expectativas de que salieran adelante. Planteó el derecho a decidir pactado, y una batería de herramientas para blindar las competencias vascas, como una Comisión Mixta del Concierto Político para abordar las leyes y disposiciones estatales antes de que sean aprobadas, una Junta Arbitral en caso de desacuerdo y, si hubiera que acudir como última instancia al Tribunal Constitucional, este órgano judicial tendría que contar con una sala foral. También propuso otras medidas, como limitar la inviolabilidad del rey a las tareas que desempeñe en el ejercicio de su cargo, y quitarle esa protección especial para que sí pueda ser juzgado por su vida privada. Cabe recordar que el PNV ya intentó vehiculizar la iniciativa sobre el rey con una proposición de ley, pero todas las vías se le han cerrado, ya sea la legal o la constitucional.
Tumbada la derogación de la transitoria para Nafarroa
La Mesa tumbó también la propuesta de UPN para derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que permite la integración de Nafarroa en la CAV por “mayoría” del órgano foral competente y con la aprobación de la ciudadanía en referéndum. En este caso, la iniciativa contaba también con el rechazo del lehendakari Pradales y la presidenta Chivite. El regionalista Alberto Catalán, a pesar de la invocación que se hace en esta disposición a la opinión de la ciudadanía navarra, opinó que no se respeta "la voluntad mayoritaria del pueblo de navarro", y se declaró "orgulloso de la Navarra foral y española". El PSOE y el PP sí se pusieron de acuerdo para que la Constitución mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa.