El dictamen definitivo de la Comisión de Venecia –un organismo consultivo del Consejo de Europa con expertos independientes en derecho constitucional– sobre la ley de amnistía dado a conocer ayer, lejos de despejar las dudas, tan solo sirvió para seguir alimentado las pugnas dialécticas que mantienen el partido en el Gobierno, el PSOE, y la oposición, del PP. Lo que para los socialistas supone un espaldarazo a la tramitación de la proposición de ley, es todo lo contrario para los populares. Lo que para unos acredita que “es una herramienta política y constitucional que sirve para superar conflictos políticos, que no afecta al principio de igualdad entre españoles”; para otros tan solo es una “vulneración de la separación de poderes y la independencia del poder judicial”.
En medio del fuego abierto entre las dos grandes formaciones, la Comisión de Venecia –cuyos informes no son vinculantes– evidenció ayer que no existe un conflicto en la separación de poderes con la ley de amnistía siempre que sean los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Aún así, también da algún que otro tirón de orejas. El órgano consultivo manifestó que la norma debería de haberse aprobado por una mayoría cualificada, más amplia que la absoluta, y censuró el procedimiento de urgencia que se ha seguido. Ello podría generar unos efectos “muy divisivos” en la sociedad, argumentan, a la vez que optan por no entrar a valorar si la ley es o no constitucional –esta es una decisión que recae en el Tribunal Constitucional– o si es compatible con el derecho de la Unión Europea –deja esa cuestión en manos del Tribunal Justicia de la UE (TJUE)–.
Lo que sí reclaman es que el Gobierno acote de manera más precisa el ámbito “temporal y material” de aplicación de la ley de amnistía para hacer más “predecibles” sus efectos. De la misma forma, la Comisión de Venecia se moja en cuestiones como los delitos de malversación y corrupción que se incluyen en la normativa recientemente aprobada en el Congreso –pero que aún debe de dar algunos pasos más en el Senado–, específicamente para aclarar que se debe asegurar un vínculo causal más cercano entre los actos constitutivos de estos delitos y las consultas del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 y sus actos de preparación. En lo que respecta al terrorismo, el dictamen señala que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas del ámbito de aplicación.
La Comisión de Venecia lanza una seria advertencia en cuanto a la fórmula utilizada para alumbrar una amnistía para los encausados del procés independentista. Sugieren que el procedimiento legislativo de urgencia “no es apropiado para las leyes de amnistía” dadas las consecuencias “controvertidas y de amplio alcance” que conllevan. Este tipo de normas deben estar inspiradas por la inclusividad, la participación y deben someterse el debate público durante un periodo de tiempo adecuado. Ponen el foco, asimismo, en que las amnistías generalmente vienen motivadas por razones de reconciliación política y social. Pero, sin embargo, estos objetivos “legítimos” requieren métodos coherentes, para que “no se frustre” su propósito.
Por último, el informe zanja que la ley de amnistía “ha intensificado una profunda y virulenta división en la clase política, las instituciones, la judicatura, la academia y la sociedad española. De hecho, su elaboración no habría contado con el tiempo necesario para el dialogo y la cooperación entre instituciones y entre la mayoría gubernamental y la oposición con el objetivo de lograr “una reconciliación social y política”.
Disparidad de opiniones
Lejos de zanjar la cuestión, el dictamen solo ha servido para aumentar la brecha entre el PSOE y el PP. De hecho, en una valoración de urgencia desde Bilbao, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, instó al PP a que “se sume al consenso” de la ley de amnistía y “reconozca sus bondades”, sobre todo tras el “respaldo absoluto y rotundo” de la Comisión de Venecia. Bolaños lamentó “las mentiras, tergiversaciones y falsedades que ha intentado verter” el Partido Popular, pese a que el pronunciamiento europeo habría avalado que es “absolutamente clara”, siendo, además, “una herramienta política y constitucional que sirve para superar conflictos políticos, que no afecta al principio de igualdad entre españoles porque su fin es lícito y que no afecta a la separación de poderes”.
El PP no ahorró en críticas. “La Comisión de Venecia saca los colores a Sánchez”, señalaron los populares nada más conocerse el dictamen del organismo, que para los populares apunta a que la ley “rebasa los límites del derecho europeo, vulnera la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial”. La formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo ahondó en que “el Gobierno miente porque quiere hacer pasar por constitucional una ley que lamina uno de los tres poderes del Estado, desactivando la separación de poderes para casos particulares”. Es más, el Ejecutivo no habría pasado “el examen europeo sobre una amnistía que a todas luces es un traje a medida de sus socios”.
