La plataforma Erroldarik gabe izaterik ez/Padrón para todas ya ha celebrado este domingo en Bilbao una cadena humana para reclamar la aplicación efectiva de los criterios comunes de empadronamiento en situaciones especiales aprobados por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).
La movilización ha unido las sedes de PNV, EH Bildu y PSE-EE, los tres partidos que acordaron en junio de 2025 dichos criterios en el seno de Eudel, con el objetivo de exigir la aprobación “urgente” de un protocolo que permita su aplicación en todos los ayuntamientos vascos, ha informado la plataforma en un comunicado.
La protesta se produce después de que el pleno del Parlamento Vasco aprobara el pasado 23 de abril una enmienda que insta a los consistorios de Euskadi a aplicar el documento Criterios comunes para empadronamiento en situaciones especiales, con el apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar, y el rechazo de PP y Vox, según han recordado.
La plataforma ha denunciado que, pese al acuerdo alcanzado hace casi un año, el protocolo de aplicación anunciado entonces todavía “no ha sido aprobado” y esta situación está siendo utilizada “como excusa” para no aplicar los criterios en distintos municipios.
Retraso en la implantación
Erroldarik Gabe Izaterik Ez ha advertido además del “incumplimiento de la legislación vigente”, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a personas en situación de exclusión residencial, como quienes carecen de domicilio, viven en infraviviendas o se encuentran en situación de calle.
Asimismo, ha señalado las dificultades que sufren personas con domicilio conocido, como quienes residen en viviendas cedidas por solidaridad, amistad o parentesco, trabajadoras del hogar en régimen interno a las que no se permite empadronarse en la vivienda donde trabajan o inquilinos cuyos propietarios les impiden registrarse o les cobran por ello.
La plataforma, integrada por cerca de un centenar de organizaciones sociales de Bizkaia, ha subrayado que el padrón constituye una herramienta “clave” para acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, los servicios bancarios o las ayudas sociales, además de servir como prueba de residencia continuada para procesos de arraigo social o familiar.
La iniciativa reivindica “padrón para todas” por “justicia y dignidad” y denuncia que la exclusión del registro municipal supone dejar fuera de derechos fundamentales a miles de personas, especialmente migrantes.
