El pleno de Bilbao servirá este mes de noviembre para que los grupos de la oposición vuelvan a significarse en relación a varias temáticas de carácter municipal. EH Bildu, que defiende habitualmente la necesidad de adoptar medidas que limiten la proliferación del turismo, elevará en esta ocasión una proposición para establecer la capacidad de acogida turística de Bilbao. Por otro lado, el Partido Popular propondrá varias mociones en relación a uno de sus temas estrella: la seguridad ciudadana. Sin embargo, la propuesta más concreta que trasladan al hemiciclo será aquella que plantea la instalación de contenedores ignífugos en Ametzola. Esta proposición llega después de que el área de Seguridad reconociera que desde enero de 2023 han sido 119 los depósitos de basura que han sido calcinados en el citado barrio.
Mientras el Ayuntamiento de Bilbao sigue trabajando para modificar el PGOU de forma que puedan limitarse aún más la implantación de pisos turísticos y el Gobierno vasco ha anunciado la aplicación de una tasa turística, de entre 1 y 6 euros por día, que será de carácter municipal, la formación abertzale quiere que la fiscalización de los visitantes que llegan a Bilbao aumente. Con ese objeto plantean establecer la capacidad de acogida turística de la ciudad, donde según los últimos datos del Observatorio de Turismo de Euskadi, de enero a julio de este año las entradas de turistas han subido un 10,2%.
Por su parte, el Partido Popular planteará un acuerdo plenario relativo "a la necesidad de organizar servicios de policía de barrio" y una proposición que plantea la adopción de un acuerdo relativo a la multireincidencia. Y es que el 43% de las personas que detiene la Policía Municipal de Bilbao había sido arrestada al menos una vez previamente; es decir, puede ser considerado como un reincidente. Así se recogen en la memoria de delincuencia de la capital vizcaina del año pasado. Asimismo, los populares quieren poner en marcha una prueba piloto para colocar contenedores ignífugos en Ametzola, donde desde enero de 2023 se han calcinado un total de 119 contenedores.
Asimismo, Elkarrekin Bilbao defenderá que el Ayuntamiento de Bilbao desarrolle un proyecto de carácter municipal que haga frente a la problemática del bullying en el ámbito comunitario de los barrios. Esta propuesta llega después de una multitudinaria marcha en la capital vizcaina el pasado mes de octubre en la que estudiantes vascos solicitaban que los discursos de odio salieran de las aulas. Además, plantearán que se revoque la decisión de Bilbao Kirolak de suspender los cursos de pelota vasca impartido en el polideportivo municipal de Abusu-La Peña. Por otro lado, volverán a solicitar que desparezca "la publicidad sobre la tortura y maltrato animal de los soportes publicitarios vinculados a las instituciones públicas en Bilbao" en clara alusión a las corridas generales de Aste Nagusia.
TRANSPORTE PÚBLICO Y ARTXANDA
Los populares tratarán que se impulse un acuerdo relativo al uso del transporte público en la misma sesión en la que solicitarán que la reciente reordenación de las líneas de Bilbobus anunciada por el área de Movilidad y Sostenibilidad se presente en los centros de distrito de la ciudad. En cuanto a Artxanda, el PP planteará la adopción de un acuerdo plenario relativo al impulso del edificio Nogaro, inmueble de titularidad municipal que actualmente se encuentra en desuso después de que el Ayuntamiento lo adquirirá en 2021 como pieza clave para la activación de la cornisa de Artxanda. Asimismo, la formación instará a que se tome un acuerdo en relación al vertedero de Artxanda después de que Asier Abaunza, concejal Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Urbano, expusiera este martes que el riesgo del antiguo basurero "está controlado".
En materia social, EH Bildu buscará alianzas para la creación la creación de un recurso municipal permanente para jóvenes en materia machista. Lo hará dos días después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Además elevará una moción para la realización de informes, por parte de los servicios sociales, con el objetivo promover el aseguramiento público de personas extranjeras en situación regular, lo que garantizaría su derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
