El PNV ha dejado caer en el Congreso de los Diputados alguna de esas píldoras en forma de advertencia que suelen hacer que el Gobierno español tome nota y se produzcan movimientos. En ese contexto, los ministros están redoblando el diálogo y sus reuniones con el Gobierno vasco, y el objetivo es encarrilar los compromisos antes del verano.

Esta secuencia comenzó con la reunión de máximo nivel entre el lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez. El propio Urkullu había enviado ya varias comunicaciones a Sánchez a cuenta de los fondos europeos o la polémica sobre el papel del Ejército en Zaldibar. A partir de ahí, se produjo la visita de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para transmitir al lehendakari un mensaje de tranquilidad sobre el reparto de los fondos. Llegó después de que el PNV votase a regañadientes el decreto de Sánchez, avisando de que su paciencia se agota ante su planteamiento controlador y recentralizador.

Después llegaría la visita del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se comprometió con el vicelehendakari Erkoreka a reunir la Junta de Seguridad antes del verano para afinar la coordinación policial ante nuevos retos como el uso de los drones o la participación en órganos europeos, tal y como informó DEIA. La intención es mantener una relación fluida. En esa reunión también se dio un nuevo impulso político al traspaso de prisiones, una negociación que va a recibir un refuerzo a varias bandas con el encuentro previsto para este miércoles entre la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Una reunión entre el vicelehendakari Erkoreka y la vicepresidenta Carmen Calvo va a contribuir a dar seguimiento a ese compromiso y al resto de asuntos que abordaron Urkullu y Sánchez, como los propios fondos europeos. La reunión la anunció Erkoreka en una entrevista publicada el domingo por El Diario Vasco.

Todo parece confluir hacia el verano como fecha límite: la Junta de Seguridad se tiene que reunir antes del verano, las transferencias de prisiones y el Ingreso Mínimo Vital deben llegar en torno al presente mes de marzo según el calendario de traspasos que presentó el Gobierno español, y los proyectos vascos susceptibles de acogerse a los fondos europeos se pueden retocar hasta finales de abril. Hay otras transferencias, como el transporte por carretera, que también tienen que llegar este mes, con un colchón de unos días de retraso si se trata de limar flecos. El presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, decía el domingo en El Correo que, si los compromisos pactados no llegan antes del verano, su partido encenderá las luces de alarma. Sus seis votos son necesarios para que la legislatura de Sánchez aguante.

En paralelo, el pacto de investidura incluye en su segundo punto un compromiso para mantener "una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político", un punto que ahora podría ser de aplicación en el conflicto para estabilizar a los interinos vascos. El pacto apostaba, por otro lado, por "abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural", un asunto que le recordó Urkullu a Sánchez en su cita.

En los últimos días, el PNV ha votado en contra de un decreto que modificaba la gestión del Ingreso Mínimo Vital, cuya transferencia aún está pendiente, y tampoco ha contribuido a sembrar confianza la polémica de la ministra Robles por el papel del Ejército en Zaldibar.

El tren y los impuestos. Entre los asuntos pendientes se encuentra también el cumplimiento de los plazos del tren de alta velocidad, que acumula retrasos (el consejero del PSE Iñaki Arriola pedía recientemente una reunión al ministro Ábalos), o la concertación de nuevos impuestos en la Comisión Mixta del Concierto Económico. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, tiene también abierto con la ministra Montero el frente de los fondos europeos.