El tiempo corre, y el Gobierno vasco está multiplicando sus contactos con el Ejecutivo español con el objetivo de concretar las transferencias para gestionar las prisiones y el pago del Ingreso Mínimo Vital. El propósito es agilizarlas para que lleguen en unas semanas. Tras el encuentro mantenido el viernes pasado entre el vicelehendakari Josu Erkoreka y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles van a entrar en escena los dos responsables que están llamados a dar un impulso crucial al cumplimiento del Estatuto de Gernika: la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Se citarán en Madrid, en el Ministerio, a las 10.00 horas, una reunión determinante para dar un impulso político a los trabajos a nivel técnico que desempeñan desde hace meses los equipos de ambas partes.
Son los encargados de abordar también el asunto de los funcionarios y, en ese sentido, la consejera vasca va a llevar en su carpeta una reivindicación urgente. Quiere que el Estado proporcione a la comunidad autónoma una percha legal para estabilizar los puestos de los trabajadores interinos de la administración, un problema endémico en Euskadi, que se sitúa en torno al 60%, y que afecta al futuro laboral de miles de personas.
El Gobierno vasco había planteado un turno diferenciado para los interinos en las ofertas públicas de empleo, una prueba práctica a la que podrían someterse aquellos que acreditaran ocho años de antigüedad y en aquellas áreas con una interinidad de al menos un 40%. Tras el torpedo del Tribunal Constitucional contra la Ley vasca de Policía, que desactiva también esa previsión en el proyecto de Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, Garamendi va a pedir al Gobierno de Sánchez que ofrezca una salida al atolladero que él mismo ha creado con la interposición de su recurso. Sánchez tiene en su mano el botón rojo: una reforma en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Es un problema grave para Euskadi y enfrente se sitúa la presión de los sindicatos. El recurso de Sánchez ha dejado al Gobierno vasco a los pies de los caballos y ha provocado una sentencia del Tribunal Constitucional que, además, petrifica esta doctrina y ata de manos al Ejecutivo autonómico, que se queda sin margen para actuar. El PNV tiene ciertas expectativas depositadas en Iceta, un federalista convencido, sensible ante los problemas vascos y conocedor de su realidad por sus antepasados, y un político dialogante y con voluntad de alcanzar acuerdos. Esperan encontrar sintonía desde la discrepancia política, y entablar una relación fluida.
El traspaso de la gestión de las prisiones (no la legislación penitenciaria, que seguirá en manos del Estado) está en su fase final, aunque podría suceder que esta semana no se cierre el acuerdo porque aún quedan varios flecos. Lo que ya colea desde hace demasiado tiempo a juicio del PNV es el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, que tendría que haber llegado en otoño del año pasado. Los jeltzales comienzan a lanzar mensajes de impaciencia a Sánchez y hacen valer sus seis votos, necesarios para su estabilidad. El PNV ya lanzó un aviso votando en contra del decreto que modifica el IMV y se entromete en el modelo vasco de gestión de las ayudas sociales. Altera el papel consultivo de las entidades del tercer sector y lo convierte en participativo a la hora de redactar los informes sobre las situaciones de infravivienda y decidir si alguien puede recibir la prestación. Además, deben ser entidades de nivel estatal y no local.
El PNV ha avisado estos días de que las transferencias deben llegar, pero deben ser todas, sin excepción. Desde la reunión entre el lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez, ambas partes están centrándose en cinco traspasos que deben llegar en marzo: prisiones, IMV, transporte por carretera, ordenación del litoral, y los códigos bibliográficos ISBN e ISSN. En materia de prisiones, se va a cerrar el traspaso de la gestión de las cárceles (Basauri, Zaballa, y la antigua prisión de Martutene que derivará en el nuevo centro proyectado en Zubieta). Nanclares, en la medida en que ya no es una prisión, quedará probablemente fuera del pacto. Quedan por cerrar la valoración económica y los detalles sobre los 700 funcionarios y decenas de personal laboral.
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La cita entre ambos representantes es la primera desde que Iceta tomó posesión del cargo para reemplazar a Carolina Darias, quien recaló en el Ministerio de Sanidad por el baile de sillas que provocó la salida de Salvador Illa para competir como candidato en las elecciones catalanas. Garamendi tiene desde diciembre un compromiso de Iceta y un acuerdo verbal sobre el desarrollo de la transferencia de prisiones, y lo que queda es ultimar las condiciones económicas y los detalles sobre los trabajadores, a quienes se subrogará el contrato. El Ingreso Mínimo Vital, por su parte, se está gestionando con una encomienda.
