- La antigua guerrilla de las FARC debe responder por los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) acusó este jueves a sus últimos ocho jefes, una decisión inédita esperada durante décadas en Colombia por miles de víctimas.

La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado.

La Jurisdicción sorprendió al país el jueves al acusar además a los líderes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, dijo el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés.

Una de las implicaciones de la decisión de la JEP es que desde ahora el Caso 01, conocido como Retención ilegal de personas por parte de las FARC se denominará Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.

Mendieta, quien permaneció secuestrado casi doce años, desde los primeros días de noviembre de 1998 hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado en una operación militar, valoró como positivo ese cambio, pues fue una de las mayores críticas de las víctimas hacia las FARC que argumentaban que se trataba de aprehensiones o retenciones.

La JEP acusó a Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012”, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.