En realidad, no se esperaba ningún giro con respecto al discurso que ha mantenido en los últimos años, pero no por ello deja de sorprender que el PP presente para su congreso de julio en Madrid una ponencia política que mantiene su beligerancia contra los traspasos de competencias, los ve como un paso previo a la “segregación” independentista, y opina que los estatutos de autonomía se están utilizando como “fuente de privilegios”. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, había convocado este congreso para que el PP estuviera preparado ante un eventual ciclo electoral, pero estos planteamientos no son precisamente de ayuda para construir una alternativa en torno a su figura. En el momento más complicado para el presidente socialista, Pedro Sánchez, el PP sigue cavando la trinchera ideológica que le impide seducir a sus socios.
La ponencia cataloga como “indelegables” un puñado de competencias, entre las que se encuentran la Seguridad Social, que está ahora mismo en la mesa de negociación de los gobiernos vasco y español; y la migración, que ya ha sido acordada con Junts y que la comunidad autónoma vasca ha asumido de manera parcial en ámbitos como la gestión de los permisos de trabajo, la integración social de los refugiados, y la convalidación de los títulos universitarios obtenidos en el extranjero. Esta última materia, no obstante, la ha tumbado el Tribunal Supremo aunque la Constitución solo reserva al Estado la competencia para fijar los requisitos, y no la ejecución de la competencia. En la práctica, el PP parece sugerir que se cierre el grifo del todo, aunque solo menciona algunas competencias como indelegables. La cuestión es que añade en el paquete de competencias indelegables la “igualdad básica entre todos los españoles”, un principio que se puede estirar hasta el infinito y aplicarse con carácter general. Todo el documento destila la idea de que la negociación de transferencias es un “zoco” del que participan los partidos nacionalistas vascos y catalanes como paso previo a la independencia, así como el PSOE a cambio de mantenerse en el Gobierno español. Es un zoco y una “prebenda” cuando lo hacen los demás, y no cuando lo hacen comunidades del PP como Galicia, que ha negociado varias materias en paralelo al Gobierno vasco, como litoral y meteorología. También contrasta que, frente a la visión negativa sobre la negociación de competencias como un chantaje, la ponencia del PP sí defiende la financiación de régimen común y las entregas a cuenta: “El Gobierno central no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberían ser transferidos anual y automáticamente por ley”.
"Frenar en seco" las aspiraciones de construir estructuras de Estado
En el capítulo sobre política institucional, el PP apuesta por “construir un nuevo tiempo, inspirados en el gran acuerdo del 78”. Es ahí donde, de manera formal, defiende la “descentralización para acercar a la ciudadanía la toma de decisiones”, e incluso critica la “demagogia recentralizadora”, pero en la práctica quiere frenar el “revisionismo” de las competencias en constante negociación. Quiere que el Estado de las Autonomías sea “racional y viable”, y una organización territorial “más clara”: “Debemos dotarnos de una organización territorial más clara, donde las competencias del Estado y las comunidades autónomas estén bien definidas, evitando ambigüedades, revisionismo y conflictos permanentes. Los estatutos no pueden convertirse en espacios de negociación paralela ni fuente de privilegios”. “Frenaremos en seco cualquier aspiración de quienes, ignorando los intereses de la inmensa mayoría, aspiran a construir sus propias estructuras de Estado como paso previo a una pretendida independencia. Unidad y descentralización son conceptos perfectamente compatibles cuando la lealtad institucional orienta la toma de decisiones”, dice. Carga contra las “minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave”.
"El nacionalismo nace del supremacismo"
De hecho, bajo la consigna “más nación, menos nacionalismo”, el PP descalifica a estas sensibilidades políticas porque “el nacionalismo nace del supremacismo y de una visión egoísta de la patria”, una redacción que parece recién salida del gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Quien hace de sus diferencias una bandera no busca convivencia, sino privilegios; quien reclama el derecho exclusivo a decidir sobre el destino de la nación no la considera un legado compartido, sino una propiedad particular”, remata.
El PP deja claro su rechazo a la negociación de competencias, en lugar de referirse a ella como una herramienta encaminada hacia el cumplimiento de las leyes (los estatutos de autonomía lo son) o como una forma de solventar las dudas jurídicas sobre el perímetro de las atribuciones de cada administración, en el caso de que no esté claro el alcance de las competencias de cada cual. En este apartado, todas las menciones al marco competencial se formulan en clave negativa y como amenaza: “El marco competencial no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias. El núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación. La garantía de la igualdad básica entre todos los españoles, la política exterior, la defensa, la inmigración, la administración de justicia o la Seguridad Social, entre otros, son aspectos a preservar y reforzar. Asegurarlas dota al sistema de seguridad jurídica y estabilidad, además de impedir chantajes de formaciones separatistas”.
Sin euskera en el Congreso
Tras la transferencia de Tráfico a Nafarroa y la clarificación competencial para que la Ertzaintza vele por el orden público en los puertos y aeropuertos de la CAV, el PP apuesta por las fuerzas de seguridad del Estado: “Creemos que su autoridad debe fortalecerse como pilar imprescindible de nuestro Estado de derecho, asegurando su permanencia por todo el territorio nacional”. Y el PP defenderá “el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados”, lo que supondría revocar el uso del euskera, catalán y gallego; y “mantendrá la posibilidad de uso lenguas cooficiales en el Senado”, se entiende que en sus términos actuales y sin ampliarlo a más supuestos, porque acaba de vetar en el Senado esa posibilidad.
