El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer martes a trámite los recursos del diputado del PP Alberto Casero y del Grupo Parlamentario Popular contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra y permitió al Gobierno de Pedro Sánchez salvar los muebles convertido el hemiciclo en un polvorín. Los magistrados validaron los recursos después de que la Sala Segunda del tribunal elevara al Pleno los escritos y dejara en sus manos la decisión relativa a la admisión. Fue el pasado febrero cuando el PP anunció que llevaría al Constitucional el “atropello democrático” que, a su juicio, se cometió en la votación de la reforma laboral. La portavoz Cuca Gamarra aseguró que aquel día “se conculcó el derecho” de Casero, que avisó con “carácter previo” de lo que había pasado con la votación telemática. A su entender, había “capacidad” para que el diputado votara de forma presencial.

El PP presentó los recursos antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyeron que el voto de Casero en favor de la reforma laboral fue válido y que no cabía su revocación aunque él se equivocara. En ese informe también se descartó que hubiese un fallo del sistema informático. Ayer mismo los magistrados admitieron también el recurso presentado por los diputados de Vox, que llevaron el caso al Constitucional al considerar que se había “hurtado la voluntad popular” en la votación de la reforma laboral. “La reforma tenía que salir por lo civil o lo criminal, y salió por lo criminal”, señaló la entonces secretaria general del Grupo Parlamentario, Macarena Olona. Tras esta decisión, el Pleno estudiará el fondo los recursos y emitirá sentencia para indicar si ampara o no los argumentos de las formaciones.

Votación con suspense

En aquella jornada el Ejecutivo sabía que tenía los apoyos muy apretados y que cualquier error podría ser fatal tras el “no” anunciado en la tribuna por Gabriel Rufián (ERC) y Aitor Esteban (PNV). A los partidos que habían anunciado su voto a favor (Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Teruel Existe, Coalición Canarias y Nueva Canarias) se habían sumado en la noche anterior los dos diputados de UPN. Tras asegurar al PSOE que votarían a favor a lo largo de todo el día, los dos diputados navarros hicieron lo contrario desobedeciendo a la dirección de su partido, que había decidido decantarse por el “sí” en Iruñea.

Tras aquel suspense, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insinuó que podría haber dimitido de no haber salido adelante la reforma laboral. “Iba a tomar las decisiones que fueran precisas por coherencia. Pero he pasado página y la norma está en vigor”, reconoció la dirigente morada, que ilustró así aquel escenario: “Vi el rostro de una derecha que estaba contenta porque dejaban caer una norma que mejoraba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Son así y les importa poco su país”.

25% de castellano en las aulas

examinará la ley del catalán

Recursos de PP y C’s. El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por PP y Ciutadans en el Parlament contra el decreto y los artículos de la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas. Los partidos recurrieron varios puntos del decreto que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para proteger así a los directores de los centros, y evita hablar de porcentajes. También recurrieron parte del articulado de la Ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza, que reconoce el “uso curricular y educativo” del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos.