LLEGÓ la noticia: la Diputación de Bizkaia ha anunciado que propondrá extender las bonificaciones en el transporte públicobilletes de autobús, metro y tren– hasta el 20 de febrero de 2026. A priori, una noticia conciliadora, casi paternal: el poder local, consciente de los apuros de la ciudadanía, decide suavizar la carga económica de quienes se suben cada mañana a un bizkaibus o al metro. Pero lo que para muchos parece un gesto solidario, para otros resulta un acto tortuoso, casi una escena de un teatro político en el que los bastidores no encajan.

Los descuentos son como esa lluvia templada de otoño: reparadora, sí, pero pasajera; un alivio, pero sin guarida definitiva. Porque al fondo de esta prórroga late una incertidumbre: la financiación del Estado no es segura, el consenso político no existe, y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se desgaja en opiniones encontradas.

La diputada general, Elixabete Etxanobe, apela a la previsión: no quiere que la ciudadanía se quede sin respaldo si el Gobierno español retrasa su decisión sobre nuevos descuentos. “Queremos ser previsores”, dice. Pero sus palabras chocan con la resistencia del PSE en el CTB, que plantea “dudas jurídicas y económicas”.

Uno diría que se recrea una danza de poderes locales, una lucha de siglas y de informes técnicos. Y en medio, el usuario de a pie, ese hombre o mujer que espera al autobús con cara de sueño y mira la taquilla con cierto recelo: “¿Y si esto se rompe en un mes más?”, parece preguntarse. Al fin y al cabo, el miedo a lo efímero es una pulsión moderna, una rémora del alma. Nada es para toda la vida.

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Cuestión de dignidad

Porque, en el fondo, no es solo una cuestión de precios. Es una cuestión de dignidad: usar el transporte público no debe ser un acto de caridad sino un derecho. Y cuando los gobiernos extienden esos descuentos como parches temporales, soslayan algo esencial: la movilidad como servicio esencial, no como limosna. También hay ternura en esta prórroga. Es un acto de resistencia frente al olvido del Estado. La Diputación asume un coste de casi 200 millones de euros al año para mantener el transporte accesible. Eso no es poca cosa: es un compromiso real, aunque provisional. Es la metáfora de un padre que sostiene a sus hijos entre peros. Quiere que se valgan por sí mismos; no desea que dependan eternamente de su abrazo.