Los radares de tráfico son una de las herramientas más eficaces para reducir la siniestralidad y controlar los excesos de velocidad. Sin embargo, también se han convertido en blanco de actos vandálicos por parte de algunos conductores que los consideran una amenaza para su bolsillo. Aunque pueda parecer un gesto impulsivo o incluso una forma de protesta, romper o dañar un radar es un delito con consecuencias mucho más graves de lo que la mayoría imagina.

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Revienta un radar.

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Puede salir muy caro

Los equipos que controlan la velocidad de los vehículos son dispositivos de alta tecnología, diseñados para funcionar las 24 horas del día y soportar condiciones meteorológicas adversas. No se trata de simples cámaras, sino de sistemas avanzados con sensores, radares láser y mecanismos de transmisión de datos en tiempo real. Por ello, el coste de reparación cuando un radar es destruido resulta muy elevado.

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En el caso de un radar fijo, la reparación puede superar los 67.000 euros, mientras que un radar de tramo ronda los 66.000 euros. A estas cifras hay que sumar una multa administrativa de unos 3.000 euros por vandalismo, lo que sitúa la factura final cercana a los 70.000 euros por unidad.

Responsabilidad penal

Más allá del coste económico, los actos de vandalismo contra los radares están tipificados como delito de daños en el Código Penal por ser un bien de uso público. En función de la gravedad y de la intencionalidad, las penas pueden ir desde sanciones económicas hasta condenas de hasta tres años de prisión. Además, al tratarse de infraestructuras de titularidad pública y directamente vinculadas a la seguridad vial, la justicia suele aplicar criterios estrictos a la hora de juzgar a los responsables.

Un agente rellena una multa de tráfico. Freepik

En muchos casos, el autor no solo debe pagar la reparación y la multa, sino también indemnizaciones adicionales y asumir el coste del tiempo que el radar permanezca fuera de servicio. Es decir, además de las consecuencias penales, los efectos de romper un radar también son económicos.

Una medida impopular pero necesaria

Los radares no son un capricho recaudatorio, como critican algunos conductores, sino una herramienta de seguridad reconocida a nivel internacional. Los estudios de la DGT muestran que la presencia de un radar reduce en más de un 50 % el número de accidentes por exceso de velocidad en el tramo donde está instalado. Atacar un cinemómetro no solo implica un gasto para las arcas públicas, sino que además pone en riesgo la vida de otros conductores, ya que deja sin vigilancia puntos especialmente conflictivos de la red viaria.

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Romper un radar puede costar miles de euros y, además, acarrear antecedentes penales. Lejos de ser una solución o una forma de protesta, se trata de un delito grave que tiene un impacto directo en la seguridad de todos los conductores y en el gasto público. La DGT recuerda que respetar los límites de velocidad es la única forma de evitar sanciones y, sobre todo, de reducir los accidentes en carretera. La tentación de atacar un radar puede salir muy cara, tanto en términos económicos como legales.