Bilbao - El Gobierno vasco y los sindicatos escenificaron ayer un nuevo desencuentro en la mesa de la función pública, en la que se negocian las condiciones laborales de los 70.000 funcionarios de Lakua. El Ejecutivo planteó un incremento salarial del 2% para 2020, algo menos de lo aplicado este año, que la parte sindical considera insuficiente para compensar lo perdido durante la crisis. Tras la reunión, el viceconsejero Andrés Zearreta advirtió de que su equipo “reflexionará” sobre si mantiene o no esta “generosa oferta” en el proyecto de Presupuestos después del rechazo de los sindicatos.

Las relaciones entre el Gobierno y los representantes de los funcionarios han vivido unos últimos años muy tensos, en especial a raíz de la batería de recortes del gasto público aprobados a partir de 2010 por los distintos gobiernos españoles, que obligaron a Lakua también a apretarse el cinturón en este terreno.

Entre los argumentos que dan los sindicatos para no respaldar las subidas de los últimos años está precisamente el tema de la dependencia de Madrid y la capacidad de decisión en Euskadi respecto a las condiciones de sus trabajadores públicos. “La propuesta de incremento del 2% para 2020 se sitúa por debajo de los márgenes permitidos por el Estado y se encuadra en el cumplimiento de los objetivos de déficit, techo de gasto y límite de deuda acordados entre Gasteiz y el Estado”, indica ELA, central mayoritaria entre la plantilla.

También LAB, CC.OO. y UGT valoraron negativamente la propuesta del año que viene y reclamaron “una negociación real” que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, de más del 10%. “La mesa de la función pública se ha convertido en un espacio meramente informativo por la falta de voluntad negociadora del Gobierno vasco. El Gobierno basa su acción en la improvisación y la propaganda”, criticaron.

Además, Lakua propuso ayer hacer un nuevo incremento de medio punto en las aportaciones al fondo de pensiones Itzarri, un movimiento que los sindicatos tampoco aprueban al quedar la aportación global por debajo del 3% pactado.

Además sigue pendiente la cuestión de la temporalidad en la administración, para la que los sindicatos reclaman un plan de contratación que estabilice la situación laboral de los interinos. Sin un entendimiento sobre este último asunto parece difícil que pueda recuperarse la paz social en el sector público vasco.

En los últimos ejercicios la subida salarial de la función pública se ha aprobado sin el aval de la parte social, pero este año podría ser diferente. El viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, lamentó ayer “el maximalismo” de los sindicatos y avisó de que el Ejecutivo “va a reflexionar” sobre si mantiene o no su oferta de subida del 2%. Zearreta indicó que la propuesta tiene un coste de 90 millones de euros para las arcas públicas, por lo que se trata de una propuesta “ambiciosa” teniendo en cuenta “la incertidumbre y el contexto socioeconómico actual”.