- Organizar una Oposición Pública de Empleo, conocidas popularmente como OPE, no es nada fácil. Además, es costoso económicamente hablando si tenemos en cuenta los miles de candidatos que se presentan a algunas convocatorias y las infraestructuras necesarias para efectuar las pruebas eliminatorias.
Con esa idea planteada en la Diputación Foral de Bizkaia ya desde hace varios años, y ante las convocatorias a las que asisten miles de personas, la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales del territorio aprobó ayer un proyecto de norma foral por la cual todas aquellas personas que acudan a un proceso de selección para un puesto de funcionario foral tendrá que abonar unas tasas de 12 euros. Este coste se tendrá que pagar de forma nominal e individualizada para cada proceso selectivo. Además, se aplicará a los procesos selectivos de personal no solo del propio ente foral sino de sus organismos autónomos.
La tramitación parlamentaria requiere aún la aprobación en pleno de la nueva norma, pero no parece que vaya a haber problemas para darle luz verde en la Casa de Juntas de Gernika ante los votos recabados ayer.
En el anteproyecto de norma foral la Diputación se especifica cómo en los últimos años se han tenido que adscribir a las OPE “una serie de medios humanos y materiales que han desarrollado una actividad exhaustiva”. Además, indica que “en ocasiones no se ha correspondido con las necesidades reales”, es decir, se apuntaron más personas que las que al final se presentaron a las convocatorias realizadas. El documento a aprobar estima que esta situación va a ir a más en los próximos años, tanto por “un proceso constante de convocatorias de selección de personal de su plantilla fija o de bolsas de trabajo”, como por “el envejecimiento progresivo” del actual funcionariado foral que supondrá más plazas vacantes a cubrir.
En la actualidad, la Diputación Foral no tiene establecida una contraprestación económica que le permita hacer frente a los gastos que se derivan de los procedimientos de selección de su personal. Un coste que se están financiando en su totalidad a cuenta del presupuesto foral.
En este contexto, según defendieron los grupos junteros que apoyan al ejecutivo foral proponente del anteproyecto de norma, lo que pretende la nueva legislación foral es establecer una tasa para conseguir “un mejor ajuste entre la oferta y demanda de los procesos de selección de personal que se desarrollen en el futuro”, que hasta la fecha son multitudinarios, y “a llegar recursos que financien parcialmente dichos procesos selectivos”.
El proyecto de norma foral fue aprobado en comisión con los votos de los grupos Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y el Mixto-PP y contó con el voto en contra EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, pero tan solo en el artículo 4 en donde se establecen dichas exenciones.
A la próxima cita plenaria los grupos junteros irán ya con los deberes hechos en cuanto a la negociación en la que están inmersos para determinar si se pueden añadir más grupos de personas a la exención de las mencionadas tasas.
El anteproyecto de norma foral ya concreta dos colectivos, las personas con un grado de discapacidad igual o superior a un 33% y los miembros de familia numerosa.
Según explicó en la comisión la portavoz de EH Bildu, Arantza Urkaregi, se está trabajando en la posibilidad de sumar nuevas exenciones al pago de la tasa para las personas sin capacidad económica con la intención de que “nadie quede fuera” de acudir a una OPE por pocos recursos económicos que tenga.
La comisión descartó ayer, de momento, una enmienda presentada por este grupo en dicho sentido para eliminar el pago cuando los ingresos por miembro de la unidad del aspirante sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por otra parte, y a petición también de los grupos de la oposición de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, la comisión aprobó ayer por unanimidad la presencia de un responsable del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que explique el informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio correspondiente al ejercicio económico de 2018.
