Los tres concejales de Getxo imputados por el derribo del palacete renuncian a sus cargos

La justicia investiga el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, levantado en 1845, en el número 11 de la calle San Nicolás, de Algorta, y que contaba con un grado de protección local -era catalogado como bien de custodia municipal, en concreto-. Ya el 21 de octubre de 2024 empezó este proceso en los tribunales, que posteriormente fue ampliado y ahora deriva en este auto. 

“De la ampliación del atestado recibida en fecha 12 de enero de 2026 y de las diligencias de investigación practicadas, se desprenden indicios de que, junto al delito por el que ya se incoaron las presentes diligencias conforme al artículo 321 del Código Penal, los hechos podrían ser asimismo constitutivos de un posible delito previsto en el artículo 322 del mismo texto legal, ambos delitos contra el patrimonio histórico”, indica el escrito judicial emitido, al que ha tenido acceso este periódico. El primero está relacionado con la atención a edificios protegidos mientras que el segundo se refiere a delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico. Junto a los tres ediles, también están imputadas tres técnicas municipales implicadas en la tramitación del expediente del palacete. 

“Según han trasladado esta misma tarde a EAJ-PNV, los tres concejales mantienen su inocencia, pero creen conveniente dejar su cargo para facilitar su defensa y preservar la imagen pública de EAJ-PNV”, transmitieron desde el partido en una nota. La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, salió a las escalinatas del edificio consistorial a las 20.00 horas y habló ante la prensa para corroborar esta situación. “Está siendo un día muy duro y muy difícil”, admitió.

El artículo 321 del Código Penal -el primero del que el juzgado vio indicios- indica que los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. Además, los jueces o tribunales, motivadamente, pueden ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Por su parte, el número 322, que se introduce ahora, señala, por un lado, que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 -que hace referencia a la prevaricación por parte de un funcionario público o administrativa- de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. Y, por otra parte, que con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Estos tres concejales y las tres técnicas se unen a las personas que ya estaban consideradas investigadas con anterioridad y que está previsto que declaren, si no hay cambios, el 25 de febrero: son el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en él. Además, comparecerán como testigos un empresario que descartó previamente esta misma operación para levantar doce viviendas por no ser viable económicamente y el técnico que realizó la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

Este auto se enmarca en el contexto de una fase de instrucción, es decir, la etapa en la que se investiga si hay indicios y pruebas suficientes para abrir un juicio oral o si, por el contrario, se archiva la causa. Pero aun así, los tres representantes políticos de la corporación han optado por retirarse del Consistorio. Este dictamen que llega después de que la Ertzaintza entrara la pasada semana en dependencias del Ayuntamiento, con una orden judicial, para registrar y confiscar documentación y dispositivos. Entonces, la jueza -ha habido dos magistrados distintos en este procedimiento- decretó el secreto de sumario, que ayer fue levantado.

Una de las técnicas que ahora pasa a ser investigada fue la encargada de instruir el expediente sancionador a la promotora por el derribo. Fue la vía administrativa abierta y que se saldó con una multa de 50.000 euros. Lo que pasa es que EH Bildu consideró esta cantidad “irrisoria” e interpuso un recurso, que fue estimado. Por eso va a arrancar también una nueva investigación, a nivel municipal y con otra persona instructora, tal y como desveló el pasado jueves el concejal de Disciplina Urbanística, Álvaro González. “Nombraremos a la persona más adecuada y que cumpla con los requisitos”, puntualizó. 

El resto de formaciones políticas del Consistorio reaccionaron a la imputación. Desde el PP, Eduardo Andrade siguió pidiendo la dimisión de la alcaldesa. “Ha estado protegiendo a sus concejales y ocultando información hasta el día de hoy -por ayer-”, aseveró. De hecho, los populares presentarán una moción en el pleno de la próxima semana para formalizar esta petición. “Ya la teníamos registrada y ahora con más razón, pues creemos que la responsabilidad es de la alcaldesa”. Desde EH Bildu recordaron que fue su partido el que estimó “necesario que se abriera una investigación y se llegara hasta el final”. La agrupación recalcó que se va a mantener atenta y observará con atención cómo se desarrolla la investigación judicial. “Nos reafirmamos en el principio de máxima ejemplaridad en la gestión pública”, zanjó. El PSE, socio de gobierno municipal, descartó por el momento pronunciarse sobre su continuidad en el equipo de gobierno, aunque solicitó a la alcaldesa una reunión “urgente” de la comisión de seguimiento del acuerdo.