Ha vivido allí más de un tercio de su vida y siempre pensó que sería en este piso de la calle Mazarredo donde acabaría sus días. Sin embargo, la realidad ha golpeado con dureza a Susana de Uribe Ormaechea: los propietarios del edificio, una familia vinculada a la élite económica bilbaina, lo han vendido a una promotora que prevé transformarlo en un hotel. A sus 80 años, Susana se queda sin casa.
Su hija, Rocío, reclama una alternativa habitacional digna para su madre. “Estamos hablando de una persona mayor que no tiene capacidad para gestionar nada. Le dio un ictus el pasado noviembre”, explica a DEIA en una conversación que tiene lugar en los Jardines de Albia, frente a un inmueble que, según reconoce, ha acabado odiando.
Su “calvario” comenzó en octubre de 2025, cuando recibió una notificación en la que se le comunicaba la venta del edificio y el consiguiente desalojo. “No me sorprendió, porque es lo que está pasando ahora mismo en Bilbao y en todo el país; lo que sí me sorprendieron fueron las formas después de llevar aquí 30 años”, sostiene.
“Los propietarios tienen derecho a vender el inmueble, a hacer negocio o a hacer lo que consideren. Pero estas no son las formas”
Desde 1995, el piso de la quinta planta ha estado ligado a todas las etapas de su vida adulta. Fue el lugar al que regresó tras dejar Ibiza para estudiar Marketing; la casa en la que acogió a su madre; el primer hogar donde crió a sus dos hijos; y ahora, el origen de sus desvelos. “Después de la primera notificación, llega una segunda. Nos ofrecen un contrato en precario y un sobre con 5.000 euros, para traslados. Dicen que mi madre tiene que salir de aquí el 30 de junio y, poco después, en una situación de estrés absoluto, le da un ictus”, relata.
Ocurrió el día 4 del pasado noviembre. Poco después, Susana regresó a la que todavía es su casa. También las presiones. Rocío cuenta cómo el administrador de fincas de la empresa que gestiona el inmueble, Fonoca S.A., subió hasta la quinta planta y se dirigió a su madre de muy malos modos. ¿Qué es lo que quieres?, eh, ¿qué es lo que quieres?, le espetó, según su relato.
“Los propietarios tienen derecho a vender el inmueble, a hacer negocio o a hacer lo que consideren. Pero estas no son las formas”, sostiene Rocío, que asegura que hasta la notificación del desalojo desconocía que el contrato de alquiler y su prórroga habían expirado. Se pregunta por qué no se les notificó el vencimiento del contrato en tiempo y forma. De haber sido así, sostiene, habrían tenido más margen para buscar alternativas. Ahora afrontan una dura batalla legal.
Judicialización del caso
Una batalla que comenzó sabiendo que tenía todas las de perder. Rocío asegura ser consciente de que acude a un juicio difícil de ganar. No busca que su madre permanezca en Mazarredo 6, sino una salida digna y con garantías.
Explica, eso sí, que el procedimiento permanece paralizado. Tras presentar dos recursos, le han reconocido el derecho a la justicia gratuita, ya que Rocío —madre soltera— no puede asumir los costes del proceso. Hasta que se le asigne abogado y procurador, no comenzarán las actuaciones.
“Cuando vas a un juicio así, sabes que partes en desventaja. Ya no es solo pagar a un abogado; también tendría que asumir los honorarios de la parte contraria. Y, por otro lado, que el caso esté judicializado me permite solicitar una vivienda municipal e inscribir a mi madre en Etxebide”, resume.
"Presionada y "acosada"
El acceso a asistencia jurídica también le permitirá, por primera vez, sentarse en el despacho de la administración de fincas en igualdad de condiciones o, directamente, delegar las negociaciones en su representación legal. Hasta ahora, había evitado acudir a esas reuniones. Según relata, la parte contraria ha planteado en numerosas ocasiones la posibilidad de mantener un encuentro para tratar de alcanzar una solución amistosa.
Rocío, sin embargo, ha rechazado el ofrecimiento al sentirse “presionada” e incluso “acosada” por la insistencia del administrador para que firmase el contrato en precario. “Ellos son administradores de fincas, con empresas y abogados trabajando para ellos. Lo organizaron todo para que yo no tuviera ningún margen de maniobra ni pudiera acogerme a nada. Conocen el contrato de memoria y yo me siento en una indefensión absoluta”, confiesa.
Para obtener la información necesaria y afrontar la situación, Rocío ha acudido también a varias instituciones, entre ellas el Consistorio. Sin embargo, considera que la atención recibida desde Acción Social fue insuficiente. Según relata, el asesoramiento se limitó a las indicaciones de la abogada municipal: “Me dijo que no firmase nada. Si lo hacía, mi madre podría haber perdido el derecho a todo”, señala. La única institución con la que se muestra satisfecha es el Ararteko, que —dice— le ha ido orientando sobre qué pasos dar. “Me ha ido guiando para saber qué puertas tocar”, agradece.
“La mierda y el hastío me están comiendo. Solo lloro y, cuando me canso de llorar, me duermo”
Puertas que, espera, abran a su madre la posibilidad de una nueva vivienda. En caso de no encontrar alternativa, asegura que estaría “más que dispuesta” a acogerla en su piso de Sopela, que tan solo tiene tres habitaciones; la suya y la de sus dos hijos. “Pero, ¿cómo puedo dejar que mi madre duerma en un sofá? No, eso no es una solución. Voy a seguir peleando para conseguir que mi madre pase los últimos días de su vida con dignidad”, asevera.
Susana no acude a la entrevista. Su estado de salud se lo impide. Rocío explica que, desde el ictus, su madre ha sufrido un fuerte deterioro físico y mental. “Mi madre está mal. Se le olvidan las cosas, está desorientada. Recuerda con lucidez su infancia, su adolescencia, su juventud… pero el día a día se le hace bola”, dice. El último mensaje que le envió condensa su estado: “La mierda y el hastío me están comiendo. Solo lloro y, cuando me canso de llorar, me duermo”.
