Bilbao - El martes a las nueve y media de la mañana. La comparecencia del lehendakari Urkullu exigida por las formaciones políticas en la oposición -en precampaña oficial desde el pasado lunes- ya tiene fecha y hora. Y también lugar: ante la Diputación Permanente [órgano que sustituye al Pleno en periodos inhábiles o cuando el Parlamento está disuelto] en la Cámara vasca. Iñigo Urkullu informará sobre la gestión y acciones ejecutadas por su Gabinete en el alud de residuos -amianto incluido- ocurrido en el vertedero de Zaldibar en el que dos trabajadores quedaron atrapados.
Lo más probable es que acuda a la cita junto a otros consejeros -Iñaki Arriola (Medio Ambiente), María Jesús San José (Trabajo) y Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad)- con objeto de poder facilitar toda la información recopilada o demandada hasta ese momento. Un ejercicio de transparencia y responsabilidad que se contrapone a la estrategia política de desgaste abanderada principalmente por EH Bildu. De hecho, tras conocerse el plácet a esa comparecencia del Gabinete de Urkullu, los partidos en la oposición mantuvieron activos sus discursos acusadores y volvieron a reprochar al Gobierno vasco y al propio lehendakari su actuación tras ese fatal accidente.
Esa ristra de reproches fueron reprendidos por el jeltzale Iñigo Iturrate, quien confió en que las explicaciones que se ofrezcan el martes alumbren las verdades de lo ocurrido en este plazo de tiempo. Aquel mismo jueves se constituyó la Mesa de Crisis; y ayer, por ejemplo, el Consejo Vasco de Finanzas -Gobierno vasco, Eudel y diputaciones forales- acordaba crear un Fondo de Emergencias para atender situaciones extraordinarias -como la acaecida en Zaldibar- una iniciativa lanzada por Bizkaia hace más de un año que no había visto la luz.
La financiación de las acciones de respuesta a la catástrofe del vertedero está asegurada -aunque el citado Fondo no tenga todavía definido su corpus- porque las instituciones ya están "poniendo todos los recursos económicos y humanos" para recuperar los cuerpos de los dos operarios y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Eso sí, el Ejecutivo está guardando las facturas "por si en el futuro hubiera que reclamar esas cantidades a la empresa, a los seguros o a quien sea".
