Euskadi quiere estar a la cabeza de Europa en la gestión, prevención y tratamiento de los abusos sexuales a menores y con ese objetivo avanza en el desarrollo del programa piloto Barnahus, que busca dar atención integral a estas víctimas y hacer aflorar una realidad de “dimensiones todavía desconocidas”.Ayer tuvo lugar una nueva reunión del equipo de profesionales encargado de adaptar al País Vasco el proyecto Barnahus, casa de los niños en islandés, que surgió en 1998 en ese país y que aglutina en un mismo espacio la labor coordinada de todos los servicios y agentes implicados en un caso o sospecha de abuso sexual infantil, desde policías, hasta educadores, jueces y asistentes sociales.
Gasteiz es la ciudad elegida para acoger la primera Barnahus vasca y el encuentro tuvo lugar en el espacio que albergará el programa. En el acto, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que presidió el encuentro, precisó que existen en Euskadi más de 600 puntos para la detección y atención inicial de posibles casos de violencia sexual infantil y que el menor debe pasar por media decena de servicios y narrar de “forma reiterada su dolorosa experiencia”, lo que dificulta su recuperación y genera “daño adicional”. Barnahus aglutinará a todos los profesionales que les atienden.
Allí, además de ofrecerles un tratamiento “completo y global”, los menores podrán relatar su historia al equipo psicosocial y a los representantes judiciales con el objetivo de obtener una declaración “detallada y completa” que sirva como prueba en un juicio y evite asistir a la vista judicial o repetir lo vivido en diferentes instancias, como explicó la magistrada Eneida Arbaiza.
Artolazabal recuerda que 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas y que el modelo Barnahus, que ya se aplica en Cataluña y en otros puntos de Europa, ha logrado “duplicar y hasta triplicar el número de arrestos, enjuiciamientos y condenas” por la coordinación de los agentes.
De hecho el jefe de investigación territorial de Araba de la Ertzaintza, Iñaki Arteaga, afirma que con este modelo se puede aumentar la detección de los casos, mejorar la protección y recuperación integral de los menores y hacer que la resolución policial y judicial sea mayor.
En este sentido indica que la tasa de resolución policial de estos casos es muy alta, el año pasado se superó el 90 % en Araba, pero que lo que falla es la detección y espacios como este permiten una intervención más adecuada y menos “dañina” para el menor y favorecen a la investigación policial. “Probablemente las cifras que se conocen sean solo la punta del iceberg”, dice Arteaga, algo en lo que incide Artolazabal, quien recuerda que en 2018 las policías vascas registraron 276 delitos sexuales contra menores de 16 años y los juzgados condenaron a 151 personas .
“Este modelo logra duplicar y hasta triplicar arrestos, enjuiciamientos y condenas”
Cons. Igualdad, Justicia y Pol. Sociales
