Madrid - La ley de libertad sexual modificará el Código Penal para introducir "un sistema de penas diferente" para los delitos sexuales, basado en el consentimiento, con penas de hasta quince años para los casos más graves de violación y la introducción del delito de acoso ocasional sexista leve, conocido como "callejero".

El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del "solo sí es sí" que llegó ayer al Consejo de Ministros, reformará el Código Penal para poner en el centro de la agresión sexual el consentimiento y acabar con la distinción entre abuso y violación. La definición de consentimiento es que se manifieste libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes y la voluntad de la persona de participar en el acto.

Fuentes de Igualdad precisaron que aspira a ser "un cambio de paradigma" en la consideración de los delitos contra la libertad sexual que amplíe el margen de penas del que disponen los jueces y aumente la proporcionalidad de las mismas. Estas penas se referirán a los delitos que impliquen a víctimas que tengan cumplidos 16 años o más.

Entre las novedades más destacadas de la ley, más allá del consentimiento y de la desaparición de abuso, está la inclusión en el Código Penal del delito de "acoso ocasional", que considerará como un delito leve aquellas "expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas" que pongan a la víctima en una situación "objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". Se castigará así el conocido como acoso "callejero", situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos... El delito de acoso ocasional no reiterado conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas.

Mismas penas para 'La manada' El Ministerio de Igualdad explicó que hasta ahora solo estaban penadas estas situaciones en el ámbito de la violencia doméstica, esto es, entre familiares, pareja o expareja. También hay cambios en las penas de las violaciones: la penetración sin consentimiento se castigará con penas de cuatro a diez años, cuando antes eran de cuatro a doce. La violación con un agravante podrá ser penada con entre siete y doce años y si se le suman dos, con entre nueve y quince años. Con este marco, aclaró Igualdad, las penas a los condenados de La Manada por la violación a una joven en Sanfermines, serían las mismas. "Criminológicamente una violación no debe superar la pena máxima de homicidio -de 15 a 25-, aclararon desde el ministerio. La nueva ley, que también cambiará el Código Penal militar, modificará además la Ley de Extranjería para que las víctimas de violencia sexual no puedan ser deportadas mientras se resuelve su caso, al igual que ocurre con la violencia de género. En la modificación del Código Penal relativa a los delitos sexuales se introducirá además la agravante de que la agresión sexual fuera precedida o acompañada de violencia y grave daño y también se matizará la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.

Subirán las penas por acoso sexual -fijadas ahora entre tres y siete meses meses- a entre seis y doce meses, que implicaría "solicitar sexualmente en el ámbito laboral, docente o de desigualdad, provocando intimidación, hostilidad o humillación graves". Estas penas podrán ir acompañadas de inhabilitación profesional o para el cargo. Las agresiones contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento expreso se castigarán con entre uno y cuatro años de privación de libertad.

Se castigará asimismo la solicitud sexual de funcionarios a personas bajo custodia en centros penitenciarios, de menores y en los centros de internamiento de extranjeros. En cuanto a la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, se encargarán de ellos juzgados especializados. El Poder Judicial tendrá un año para revisar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y decidir así si se encargan de estos asuntos o se crean nuevos órganos con tal fin.

La especialización de jueces y fiscales es otro de los puntos de la ley, que además obligará a que los agresores condenados a menos de dos años de prisión que no entren en prisión participen en programas formativos de igualdad y educación sexual y se les impondrá la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

En corto

enriquecida

Zanja la polémica. El Gobierno dio por zanjada la polémica surgida a propósito del anteproyecto de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero. La ministra apuntó que las conversaciones entre departamentos ministeriales se quedan en "esa puerta" y aseguró que "se ha enriquecido" desde el Gobierno "sin alterarse lo sustancial", que es la protección integral de las víctimas de la violencia sexual.

resistencia

Unidas podemos. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, lamentó que en el seno del Gobierno se hayan producido "ciertas resistencias" y "discrepancias" pero puso en valor: "Bien está lo que bien acaba".