Madrid - La estimación de los costes económicos tangibles de la violencia de género en el Estado fluctúa entre el 0,11% y el 0,76% del producto interior bruto (PIB), una horquilla que ha sido calculada en el marco del estudio El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016, publicado recientemente por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En términos de coste por persona, los resultados estimados para el Estado varían entre los 32,6 euros por año en la estimación más conservadora hasta los 185,9 euros por año, previstos en el cálculo más elevado.

Este análisis, que es el primero que se realiza a escala estatal, trata de valorar el coste derivado de la existencia de mujeres que a lo largo de 2016 sufrieron violencia por parte de sus parejas o exparejas. Se han realizado varias modalidades de cálculo, entre las que se ha hecho una estimación conservadora que puede ser tomada como el límite inferior. No obstante, esta se acompaña de otras estimaciones alternativas con supuestos menos restrictivos y también se ha llevado a cabo una segunda metodología que muestra el techo o umbral máximo de dichos costes.

“Con ello se obtiene una horquilla o rango de valores dentro del cual sea altamente probable que se sitúe una realidad tan compleja”, sostienen los autores en las conclusiones del estudio, cuya fuente de información principal ha sido la Macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2015. Los resultados finales de las estimaciones de los costes económicos tangibles de la violencia de género, es decir, los que suponen un desembolso monetario asociado y directo, se han situado en un amplio rango de valores que van desde los 1.281 millones de euros hasta los 8.540 millones de euros. Eso sí, en este apartado, los autores advierten de que la mayoría de los cálculos se basan en la consideración del número de mujeres víctimas de este tipo de violencia, y no se refieren al número de episodios de actos violentos sufridos por ellas durante el año. Por lo tanto, concluyen que “probablemente” los costes económicos reales pueden ser mayores que los estimados en este informe.

En términos generales, los autores avisan de que el estudio no está exento de “ciertas limitaciones” debidas tanto a las fuentes estadísticas de información utilizados como a los métodos de estimación y agregación del coste, así como a la dificultad en acotar el objeto mismo del estudio. Eso sí, respecto a los datos obtenidos en términos de PIB, recalcan que la estimación más conservadora (0,11% del PIB) presenta un valor “que no difiere demasiado del que se obtuvo en un trabajo del departamento de Justicia de Canadá en el año 2009, que es del 0,09% del PIB, y de otro realizado en 2011 para Francia, que era del 0,11% de su PIB. - E. P.