el juicio al 'procés', visto para sentencia

Alegato final en favor de la política

Los independentistas presos piden al Supremo que devuelva el problema catalán al plano político y constatan que están en juego las libertades democráticas

09.02.2020 | 05:56
El principal encausado, Oriol Junqueras, en su alegato final en el que reivindicó los cauces políticos en Catalunya.
El "procés", visto para sentencia

Los independentistas presos piden al Tribunal Supremo que devuelva el problema catalán al plano político

BILBAO - Tras cuatro meses de sesiones en el Tribunal Supremo, el juicio al procés vivió ayer su última sesión con el protagonismo absoluto de los encausados, que en sus alegatos finales coincidieron en negar las acusaciones y criticar el papel que la Fiscalía ha ejercido en la causa. Pero, ante todo, los políticos encarcelados realizaron una férrea defensa del diálogo, el civismo y la no violencia, y trasladaron al tribunal que en sus manos está ahora la oportunidad de alejar del plano judicial un conflicto que a su entender es netamente político.

Diálogo fue la palabra más pronunciada por quienes se sientan en el banquillo de los acusados, que fueron desfilando uno por uno ante los magistrados para ejercer su derecho al último turno de palabra. En contraposición a lo que se ha visto en el transcurso de la causa, en la que los procesados han optado por diferentes estrategias de defensa, ayer destacaron los puntos coincidentes en las declaraciones de todos ellos. En línea generales, expresaron que el tribunal presidido por Manuel Marchena tiene ante sí la ocasión para devolver el conflicto catalán al terreno de la política mediante una sentencia absolutoria, y mostraron plena disposición a conversar para coser la herida abierta en 2017.

La otra cuestión principal que sobrevoló la sesión de ayer fue la trascendencia que tendrá la futura sentencia en el porvenir de las garantías democráticas en España. Según argumentaron varios de los acusados, el proceso judicial por el 1-O puede marcar el punto de inflexión para un Estado que debe decidir si retrocede décadas en materia de "libertades" o si, por el contrario, profundiza en los "derechos fundamentales" y deja la crisis de Catalunya en manos de las conversaciones entre las instituciones, alejándola del plano penal.

A pesar de las continuas "mentiras", "manipulaciones" y "hechos falseados" por la Fiscalía y las acusaciones que ayer denunciaron los principales encausados, estos se mostraron en todo momento optimistas y reafirmaron su inocencia, a la par que rechazaron la rebelión.

Oriol Junqueras -para el que se pide la pena más alta, de 25 años de cárcel- protagonizó una de las intervenciones más breves. El exvicepresident aseguró que "lo mejor para Catalunya y España" es que el tribunal "devuelva el asunto a la política y al diálogo". Asimismo, argumentó que "votar y defender la República no puede ser delito", menos si cabe cuando las peticiones de diálogo al Estado español fueron continuas. "Hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento. Siempre he evitado la mala política que niega el diálogo y les ha traspasado a ustedes la responsabilidad", dijo al tribunal.

Por su parte, Raül Romeva se mostró muy sólido en su extenso alegato, en el que denunció que los tribunales españoles "han buscado escarmentar y castigar" la ideología independentista. "Todo se han fundamentado en un trasfondo ideológico, un sesgo en absoluto disimulado. Se plasma en los informes finales, intentan reflejar una realidad que nunca he existido. No por repetirla mil veces una mentira se convierte en verdad", expuso el exconseller de Exteriores, que quiso también dejar claro su rechazo a cualquier acto violento y concluyó ofreciendo diálogo. "Pase lo que pase seguiremos con la mano tendida a todos".

Por parte de los acusados exconvergentes, Joaquim Forn insistió también en sus convicciones pacifistas y contrarias a la violencia que se les intenta achacar para justificar el delito de rebelión. "Niego que mi actuación como miembro del Govern tuviera como objetivo liquidar la Constitución con violencia", defendió, antes de lamentar que "estamos sentados aquí como castigo y como fracaso de la política". En la misma línea se pronunció un Jordi Turull muy emocionado, que acuso al Estado español de confundir "discrepancia, crítica y protesta" con "ataques y faltas de respeto", una actitud que a su juicio "solo existe en mentalidades poco seguras de sí mismas o autoritarias".

En discurso más emotivo fue sin duda el de Josep Rull, que acusó a los jueces de decidir "que yo no pueda ver crecer a mis hijos". "Pero no van a impedir que deje a mis hijos algo valioso: la dignidad de haber defendido ideas legítimas y nobles". En contraposición, la sala vio a un Jordi Sánchez más conciliador, con cierto "optimismo", y que deseó a los magistrados que tengan "toda la luz para la sentencia", en la que cree que se juega "la profundidad de los valores democráticos".

Entre los políticos que se encuentran encarcelados, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Jordi Cuixart fueron los últimos en comparecer. Forcadell, en un tono muy duro, se mostró extremadamente crítica con su situación de prisión preventiva. "Afirmo que estoy siendo juzgada por ser quien soy, no por mis actos", dijo. Por su parte, Bassa se reafirmó en su inocencia y constató el "gran fondo político" que subyace en todo el proceso penal, mientras que Cuixart argumentó que la "desobediencia civil" no puede "merecer reproche penal". Una vez concluidos los alegatos, solo cabe esperar a conocer una sentencia que muchos dan ya por escrita.