En puertas de las Navidades, Extremadura descorcha la botella de un nuevo ciclo electoral que se presenta con un sabor marcadamente agrio. Las elecciones que hoy se dirimen y a las que están convocados un total de 890.985 ciudadanos con derecho a voto son el primer campo de pruebas dentro de una serie de batallas a escala autonómica programadas para los próximos meses en las que se escenificará el continuo y cada vez más enconado pulso a nivel global entre el PSOE y el PP. Aragón -8 de febrero de 2026-, Castilla y León -previsiblemente el 15 de marzo- y Andalucía -no más allá de junio-, comunidades dirigidas por los populares, al igual que la extremeña, son esas próximas estaciones a la espera de lo que pueda ocurrir en el marco estatal, donde los tambores anunciando elecciones anticipadas hacen ya casi inaudibles las proclamas de Pedro Sánchez asegurando que se completará la legislatura -fijada hasta 2027- de un Gobierno que empieza a hacer agua por todos los flancos.
Inevitablemente marcados por el insoportable ruido que contamina el panorama político estatal, con constantes escándalos a cuál más escabroso que desgastan especialmente al PSOE, los comicios de este domingo previo a las festividades navideñas tienen ese carácter de primera evaluación. Y no pinta nada bien para los socialistas. Todas las encuestas vaticinan un duro varapalo para la formación que en Extremadura lidera Miguel Ángel Gallardo. Sin duda, la condición de imputado del candidato socialista en el caso de tráfico de influencias que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, y el estar señalado por las maniobras realizadas para mantener su aforamiento no benefician en nada a sus opciones. Algunos sondeos indican que se podría dejar hasta siete escaños con respecto a la anterior convocatoria de hace solo dos años, en 2023. Entonces, la candidatura del PSOE encabezada por el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara fue la más votada, con 6.843 sufragios más que la lista del PP comandada por la actual presidenta extremeña, María Guardiola.
La unánimemente augurada debacle socialista beneficia a la formación popular, que según las encuestas incrementaría su presencia en la Asamblea de Extremadura con dos escaños más que hasta ahora, hasta alcanzar los 30. Sin embargo, la felicidad no es completa ya que todo apunta a que se quedarán lejos de la mayoría absoluta que marcan los 33 asientos. En estas circunstancias, Guardiola es consciente de que si quiere revalidar su cargo de presidenta de la Junta de Extremadura, va a tener que volver a pactar con Vox, como ya hiciera en 2023 para deshacer el empate a 28 diputados con el PSOE. En esta ocasión, además, el partido ultraderechista adquiere una posición de mayor fuerza en el tablero extremeño, donde se refleja la progresión que le impulsa en el ámbito estatal. Así, se vaticina que prácticamente doblarían su peso en la Asamblea, pasando de cinco a nueve o diez escaños.
Se presenta así una situación compleja para Guardiola, que precisamente anunció en octubre el adelanto de las elecciones extremeñas después de que Vox, socio en la composición de la Junta, se sumara al bloqueo de los presupuestos presentado una enmienda a la totalidad al igual que hicieron las fuerzas de la oposición como PSOE y Unidas por Extremadura.
Ofrenda floral de la presidenta a la Virgen de la Montaña
Tras la ajetreada campaña, los candidatos de las distintas fuerzas extremeñas se tomaron este sábado un respiro antes del día clave. La presidenta María Guardiola aprovechó la jornada de reflexión para realizar una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña, en Cáceres, un lugar que “significa mucho” para ella. El líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, estuvo recogiendo aceitunas en una parcela familiar de su localidad natal, Villanueva de la Serena. La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, disfrutó de un día de campo con paella incluida. Por su parte, el cabeza de lista de Vox, Óscar Fernández Calle, estuvo viendo un partido de fútbol del equipo de su hijo.
Las relaciones de Guardiola con Vox nunca han sido fáciles. Ya antes de su investidura, la presidenta amagó con una posible repetición electoral si Vox no renunciaba a entrar en el Gobierno. “No puedo dejar entrar a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”, llegó a decir. Poco después, tuvo que recoger cable y aceptar que los ultraderechistas se hicieran cargo de la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. “Pongo mi palabra por detrás de los intereses de los extremeños”, dijo para justificar el paso atrás.
"Tufo machista"
Tras el rechazo de Vox a las cuentas de la Junta de la que forman parte y en coincidencia con un intento de distanciamiento por parte del PP respecto a los de Abascal, a quienes ven ya como una seria amenaza para su hegemonía en el bloque de la derecha, la tensión entre ambas formaciones se ha disparado en la campaña electoral extremeña. El propio Abascal tildó a Guardiola de “incompetente” y advirtió de que quizás Génova debería “plantearse poner a otra persona” si la baronesa extremeña se empecinara en no pactar con ellos. La presidenta, en su réplica, le afeó al líder de Vox su “tufo machista”.
El chófer condenado
Habrá que ver de qué manera le afecta a Guardiola, si lo hace, el caso de su primo y chófer, al que cesó el pasado miércoles tras conocerse que había sido condenado por coacciones a su exmujer. En todo caso, seguro que menos que la investigación por la contratación del hermano de Pedro Sánchez que pesa sobre el socialista Gallardo. A este último, mermado por la prevista sangría de votos y los apenas cinco escaños que se le auguran a su potencial aliado, Unidas por Extremadura, se le antoja inalcanzable la presidencia de la Junta. Una debacle total para un PSOE que la ha gobernado en 36 de sus 42 años de existencia.
Robo de votos
Finalmente, el controvertido robo de 124 votos la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ha quedado en nada después de que 122 de los electores afectados ya hayan ejercido de nuevo su derecho al sufragio. Eso sí, el hecho, atribuido por la Delegación del Gobierno a la delincuencia común, ha servido para calentar aún más una campaña ya de por sí de tono elevado, con alusiones a un hipotético “pucherazo” por parte del PP, que ayer mismo reculaba afirmando que “había que denunciar lo ocurrido”.