BILBAO - La polémica sobre quién debe adoptar la decisión de suspender a los parlamentarios encausados por el 1-O que se encuentran en prisión preventiva ha provocado un cruce de reproches entre los diferentes poderes del Estado: entre el Congreso y el Tribunal Supremo (TS), y entre sus magistrados y la Fiscalía. La presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, que ayer informó a Felipe VI sobre la nueva constitución de las Cortes, devolvió la pelota al alto tribunal para la inhabilitación de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, y la del senador Raül Romeva. A juicio de la socialista, “la función jurisdiccional corresponde al poder judicial que ha determinado hasta ahora en qué situación quedan las personas que en este caso están en prisión preventiva”.

Además, la Fiscalía ordenó al Supremo que ordene de forma “inmediata” a la Mesa del Congreso la suspensión de los dirigentes independentistas. No obstante, resulta improbable que ésta, que hoy tiene en agenda su primera reunión de la legislatura y en la que abordará este asunto, adopte alguna decisión, ya que lo debatirá y encargará a los letrados de la Cámara un informe sobre la situación jurídica de los procesados. Tampoco que se pronuncie el Supremo, por lo que todo apunta a que la resolución llegará tras el 26-M, de manera que este tema no contamine la cita con las urnas. Así lo corroboró también el presidente del Senado, Manuel Cruz. “Toca esperar varios días, esto no va de horas”.

Según Batet, “todo indica” que los diputados presos serán suspendidos, aunque reclamó respetar los tiempos. “De acuerdo con la ley, parece que será así. La ley de enjuiciamiento es bastante clara y el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso también”, precisó tras cursar el mismo martes una carta en la que solicitaba más instrucciones al Supremo pese a conocer el auto de la semana pasada donde el alto tribunal marcaba la pauta a seguir para la inhabilitación de los reclusos electos, al entender que aquel escrito era solo para la sesión constituyente, pero no para “toda la legislatura”. Algunos miembros de la Mesa, caso de Ciudadanos, que tiene dos representantes de los nueve que forman ese órgano, expresaron su extrañeza por la posición personal de Batet de dirigirse al Supremo sin consultárselo antes. La presidenta replicó que la acción de “interesarse por la situación de diputados de la Cámara” forma parte de sus exclusivas atribuciones. En este contexto, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, matizó que “en absoluto” se está dilatando por motivos electoralistas el informe jurídico sobre la suspensión, apuntando que “lo que hacen otros que apuran siempre el sosiego de las decisiones de la Justicia” sí es utilizarlo electoralmente. Por su parte, tras el rechazo del soberanismo por su frustrada designación como presidente del Senado, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reseñó que los cargos “electos” deben ser “los primeros en cumplir las leyes. Lo que digan los letrados de las Cortes se hará”.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, valoró en TV3 que la inhabilitación sería “un precedente muy grave e inverosímil, ya que la letra de la ley no aguanta esta interpretación”, avisando de que presentarán los recursos correspondientes. El letrado Jordi Pina, que representa a Sànchez, Rull y Jordi Turull, habló de la “vulneración de los derechos políticos”. “Si nadie tuviera ningún problema en que realmente no se está vulnerando ningún derecho político lo aplicarían sin ningún problema y no tendrían estas angustias”, zanjó.