BILBAO - “Honrado” por haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, Josep Rull subrayó ayer la “falta de autoridad moral” del Tribunal Constitucional (TC) admitiendo que ignoró su mandato porque “el sistema tiene que buscar los mecanismos para canalizar la voluntad de la gente”. “Dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, puede celebrarse el referéndum. Si nos cierran puertas, abrimos otras”, valoró el exconseller de Territorio y Sostenibilidad, a quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel y quien acusó al TC de dejarse “instrumentalizar por el Estado”. El líder soberanista recurrió a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá para justificar las continuas desobediencias al tribunal de garantías español cuando suspendió las leyes de desconexión. Según el dictamen de este órgano judicial, “un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho”.

El dirigente de JxCat, quien mantuvo un áspero cruce dialéctico con una desnortada fiscal, Consuelo Madrigal, destacó que el Govern de Carles Puigdemont buscó siempre la “ponderación y el equilibrio entre el imperio de la ley y el principio democrático”, en tanto que el “objetivo era poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas”. Recordando disposiciones normativas o incluso repreguntando a la representante del Ministerio Público, Rull recalcó sobre el decreto de convocatoria del 1-O que lo selló “en conciencia” y “en base a una ley plenamente vigente emanada de un Parlament plenamente democrático” que expresaba la “voluntad popular”. Asimismo, aseveró que cuando votó los Presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares, “no tenía conciencia de hacer nada malo”, pues el Govern aún creía “posible” organizar un referéndum pactado con el Estado.

Al igual que otros acusados, el exconseller dijo no conocer el documento Enfocats, pero admitió que estuvo en las reuniones de elaboración y rubricó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el procés, aunque no era un “documento estratégico” sino la base del programa de Junts pel Sí. A su juicio, marcaba que a las elecciones de septiembre de 2015 se les iba a dar un “carácter plebiscitario” porque ya se habían “agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum”. En otro de los bloques del interrogatorio, referido a la financiación del 1-O, rechazó categóricamente que se “desviasen” fondos públicos para la consulta debido al “nivel de control y garantías excepcionales” que tenía implantado la propia Generalitat. “No se gastó ni un euro público en la organización del referéndum”, señaló, remitiéndose en varias ocasiones a las declaraciones que prestaron el pasado martes Jordi Turull y Raül Romeva sobre la contratación con Unipost para la preparación de material electoral o de campañas para el 1-O. Igualmente, reseñó que él tampoco sabe cómo las urnas y las papeletas llegaron a los centros de votación, con censo universal, aunque tenía una “confianza íntima” en su “país” para que esto ocurriese, ya que hay “un volumen importante de ciudadanos comprometidos con esta causa de libertad”.

violencia policial Amén del papel de los alcaldes en el 1-O, que definió como “miles de horas de esperanza” que querían “articular”, Rull argumentó que “las personas que observaban se quedaron escandalizadas con la violencia” utilizada por las fuerzas y cuerpos del Estado. En cuanto a la declaración unilateral, sostuvo que votó que sí, aunque la votación fuera secreta, y que se trató de una declaración “estrictamente en términos políticos”, como adelantó en su declaración Turull, cuyo testimonio elogió. Explicó Rull que lo que “se votó fue una propuesta de resolución con una exposición de motivos y una parte resolutiva. Fue una propuesta formal, solemne, pero una declaración de voluntad política en los términos en los que el legislador despenalizó en 1995” el delito de rebelión “cuando no se produce violencia”. El objetivo era que el Estado español no les apartase de un “ámbito político y pacífico”, explicó el exconseller.