Estrasburgo - El Grupo de expertos contra la corrupción (Greco) del Consejo de Europa mostró ayer martes su preocupación por que el pasado año sus países miembros solo aplicaron en su totalidad un tercio de sus recomendaciones contra la corrupción, frente al 40,5% de cumplimiento en 2017. El nivel de respeto de esas medidas bajó hasta un 45% en el ámbito de los fiscales (frente al 54% en 2017), al 36% en el de los jueces (frente al 42,6%) y al 23% en el de los parlamentarios (comparado con el 25%). El Greco llamó la atención a los Estados por el “lento progreso general” en la aplicación de sus recomendaciones para combatir esa lacra y los instó a “llevarlas a cabo sin demora”.
Este informe anual recoge las evoluciones percibidas durante 2018 en la cuarta y quinta rondas de evaluación referentes al trabajo de parlamentarios, jueces y fiscales, y a Gobiernos centrales y servicios policiales, respectivamente. Los miembros de este organismo inciden en que los bajos índices de corrupción en algunos países “puede llevar a subestimar la necesidad de medidas para combatir las prácticas corruptas”.
España, tras la valoración negativa en el informe de progreso de enero de 2018, el último publicado hasta ahora, no ha alcanzado la conformidad en el cuarto ciclo de evaluación, aunque eso podría cambiar esta misma semana ya que mañana jueves está prevista la aprobación de una nueva evaluación sobre los avances constatados. Las cifras que aparecen en el informe anual sobre España son provisionales, al reflejar los datos de hace un año y medio, y no los de la puesta en marcha de las recomendaciones del Greco enviadas por las autoridades a finales de 2018.
España no cumple ninguna En espera de la actualización de mañana, España figura en el decimosexto lugar con cuatro recomendaciones no aplicadas, frente a las 11 de Portugal, las 10 de Grecia, o las 8 de Bélgica. Irlanda y Luxemburgo tienen 4, y Francia y Alemania 3. Además, España es uno de los tres países, junto a Serbia y Bosnia Herzegovina, que no cumplía totalmente con ninguna. España había recibido 11 recomendaciones para luchar contra la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, menos que Bélgica (19), Italia (18), Polonia (16), Portugal (15), e igual número que Francia e Irlanda.
Entre esas recomendaciones pendientes figuraban la adopción de un código de conducta parlamentario, la creación de un sistema para verificar las declaraciones de bienes, y transparencia en la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno. También aconsejaban un cambio legislativo para que los parlamentarios no participen en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). - Efe
