La pandemia ha tensionado al máximo las costuras de los servicios públicos y, aunque el Gobierno vasco ha mantenido todo este tiempo que Osakidetza y la red pública en general han superado con buena nota la prueba, es consciente de que el nivel de exigencia de la ciudadanía ha crecido y que se deben afrontar retos como las listas de espera o la pérdida de poder adquisitivo de las personas tras la crisis energética. En ese contexto, el lehendakari ha querido abrir el curso político este martes aclarando que no va a desplegar un mensaje conformista, sino de mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, un discurso que no ha concretado en medidas específicas a la espera del pleno de política general del 14 de septiembre en el Parlamento Vasco.
Además, la forma en que la investidura del próximo presidente español va a depender de los nacionalistas vascos y catalanes lo ha llevado a refrescar su apuesta por una convención constitucional a nivel del Estado, para abrir el melón del modelo territorial. No cree que sea una extravagancia, teniendo en cuenta que se están planteando demandas como la plurinacionalidad o la amnistía, que requieren un contraste jurídico para ver si es necesaria o no la reforma de la Constitución española.
"Espiral de desgracias"
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Miramar, el lehendakari ha reconocido que “estos últimos tres años no han sido fáciles” por la “espiral de desgracias” que han supuesto el coronavirus, la guerra en Ucrania, la crisis energética y la subida de los precios. “Han zarandeado nuestra estabilidad y condicionado nuestros estándares de bienestar. Han dejado una gran huella en todos nosotros. En Euskadi no nos conformamos, aspiramos a vivir bien, a tener una mejor calidad de vida. Nos ha llevado a mejorar, a tener el gran país que tenemos, pero no nos paramos, seguimos trabajando, mejorando cada día un poco más”, ha defendido.
Eso sí, ha vuelto a partir de la premisa de que, si los vascos han salido a otros territorios en sus vacaciones, habrán comparado los servicios de uno y otro lugar y habrán llegado a conclusiones importantes, aunque él admite que “debemos seguir trabajando”: “En Euskadi contamos con grandes servicios públicos, pero es nuestra obligación mejorarlos, todos queremos los mejores servicios sociales, salud pública o educación. Seguiremos invirtiendo, aplicando siempre el principio de realismo, sin hipotecar nuestro futuro porque un paso en falso tendrá consecuencias que todos sufriremos. Rigor, seriedad, sin dar un paso atrás”.
El reto más inmediato que tiene su gobierno es redactar los Presupuestos de 2024, que confió en que queden aprobados este mismo año en el Parlamento, y donde se propuso conseguir consensos más amplios que la mayoría absoluta de PNV y PSE. Para ello, volvió a prometer unas Cuentas adaptadas a las necesidades que plantean los servicios sociales y el crecimiento económico.
Aseguró que su gobierno seguirá aspirando a superar el millón de afiliados a la Seguridad Social, crear un empleo de calidad bien remunerado, ofrecer una buena salida a los jóvenes para que no tengan que esperar años para tener condiciones dignas, generar un clima propicio para la inversión de las empresas, o “seguir garantizando el derecho subjetivo a la vivienda” y luchar por la “igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. En materia de medio ambiente, recordó que “no existe un planeta B”. Añadió otros desafíos como lograr la macrorregión atlántica porque “Euskadi no puede quedar fuera de la mesa de las decisiones de Europa”.
Modelo de Estado
Urkullu recordó que el próximo presidente español necesitará el respaldo de Euskadi y Catalunya, lo que puede abrir una puerta para solucionar el modelo de Estado, un frente abierto que no se solucionó durante la transición a la democracia. Recordó que en Euskadi hay una mayoría amplia favorable a un mayor autogobierno. Aboga por un modelo de Estado que dé respuesta a la situación actual y las aspiraciones de Euskadi, que dote de “mayor capacidad a las instituciones vascas, que permita tomar las decisiones en un ámbito más cercano, más local, donde se tiene conocimiento de la situación”.
En ese sentido, volvió a poner sobre la mesa que en 2018 ya propuso “una convención constitucional, un órgano político donde se pueda debatir políticamente la fuerza y vigencia de la Constitución o si necesita un cambio, qué carencias puede tener y, si se llega a la conclusión de que se necesita ese cambio, otra cosa será cómo se materializa”. Argumentó que el debate ya está abierto de par en par con las propuestas sobre el reconocimiento expreso de la plurinacionalidad, o la amnistía que piden ERC y Junts. Cuando se le preguntó de manera más expresa por su postura sobre la amnistía, no entró en si es legal o no, sino que se limitó a constatar que hay un debate, y recordó que en Euskadi también se han vivido enjuiciamientos por el mero hecho de sentarse a hablar con la izquierda abertzale, o se intervino la capacidad organizativa de la Mesa del Parlamento Vasco en lo que se refería a la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak. Defendió que la política no se judicialice, salvo en casos de violencia sexual o delitos de corrupción.
En materia territorial, en cualquier caso, enarboló nuevamente la disposición adicional de la Constitución que ya existe y permite la actualización del autogobierno vasco en virtud de los derechos históricos.
Aleja unas elecciones vascas en verano
El lehendakari fue interrogado en varias ocasiones sobre la fecha para las elecciones autonómicas, una cuestión en la que no quiso afinar demasiado con el argumento de que no está en su mente, como tampoco quiso aclarar si repetirá como candidato por respeto al proceso interno del PNV. Sí dejó caer que quizás no sería conveniente celebrar otras elecciones en verano, como lo fueron en 2020 el 12 de julio, menos aún si un mes antes son las europeas del 9 de junio. Tendrá en consideración otras variables como una eventual repetición de las elecciones generales. En cuanto a las leyes pendientes, como la de Educación, abogó por acelerar los plazos.
