El grupo parlamentario popular ha registrado este miércoles una batería de enmiendas a la reforma de la ley del aborto, que pretenden suprimir gran parte del articulado al considerar que se trata de un texto "innecesario" que genera mayor "inseguridad" a la mujer.
Este miércoles ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas al articulado de la reforma de la ley del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad, al que otros grupos han presentado sus propuestas como Unidas Podemos, que ha insistido en la necesidad de incluir el concepto de violencia obstétrica en el texto.
En sus enmiendas, el grupo popular aboga por que las de chicas de 16 y 17 años necesiten el permiso paterno para interrumpir de forma voluntaria su embarazo, como señala la ley actual, pero que elimina la reforma aprobada por el Ejecutivo.
Disiente el grupo popular también de cuestiones relativas a las bajas por reglas incapacitantes pagadas desde el primer día por la Seguridad Social, de la distribución de productos de higiene menstrual e incluso del término salud menstrual, que propone sustituirlo por "salud durante la menstruación".
El PP, que presentó un veto a la totalidad de la ley rechazado por la mayoría del Pleno del Congreso, tampoco está de acuerdo, entre otras cosas, con que se elimine la obligación del periodo de tres días de reflexión para la mujer que decide abortar.
Unidas Podemos y la violencia obstétrica
Por su parte, Unidas Podemos también ha presentado una serie de enmiendas a la ley, así como otras pactadas con el grupo socialista.
En las suyas, la formación morada propone incorporar el término violencia obstétrica a la ley como la "acción u omisión que cause daño a la salud física o psíquica de las mujeres, durante la práctica sanitaria relativa a la atención ginecológica y obstétrica, especialmente la relativa a la atención al embarazo, el parto y el puerperio".
"Se considerará además como una forma de violencia contra las mujeres, una vulneración del derecho al más alto nivel de salud, así como de los derechos sexuales y reproductivos", señala en sus enmiendas.
Este grupo quiere, asimismo, que se fomente la financiación y dispensación, por parte de autonomías de la vacuna contra el VPH, dirigida a la población joven y adulta, tanto masculina como femenina.
Entre las enmiendas pactadas entre este grupo y el socialista, destaca la inclusión de que en el caso de que las menores que quieran abortar discrepen de sus padres, los conflictos se tienen que resolver conforme a lo dispuesto en la legislación civil por la autoridad judicial.
La menor tendrá que contar con un defensor judicial en el seno del procedimiento y con intervención del Ministerio Fiscal y ambas formaciones justifican la inclusión de este artículo con el fin de garantizar los derechos de la menor a ser informada, oída y escuchada.
"Proponemos que el precepto recoja expresamente la mención sobre el procedimiento a seguir en caso de conflicto, con remisión a las normas civiles generales en materia de menores y familia", apuntan.
El PNV, por su parte, también ha presentado enmiendas al articulado de la ley para, entre otras cosas, eliminar todas las referencias a la gestación por subrogación o sustitución, al considerar que esta cuestión no se enmarca en los derechos de salud reproductiva recogidas en esta ley.
Precisamente, Ciudadanos en las suyas también hace hincapié en ese aspecto e insiste en la necesidad de suprimir la interpretación de la gestación por subrogación como una forma de violencia; tampoco comparte la regulación de las incapacidades temporales por menstruación.
