L arranque ayer en las residencias vascas de mayores de la administración de la segunda dosis de la vacuna anticovid, 21 días después de la inoculación de la primera porción, lo que conlleva la inmunización completa frente a la enfermedad, abre una nueva etapa en el proceso de lucha contra la enfermedad. Lamentablemente, el proceso de vacunación ha estado envuelto en una estéril polémica más política que sanitaria, alimentada por la actitud del propio Gobierno español y, en el caso de Euskadi, también por una oposición que no ha dudado en mentir respecto al procedimiento llevado a cabo por Osakidetza y en desinformar así a la ciudadanía, pese a conocer -o así debiera ser porque es público- que se estaban siguiendo escrupulosamente las recomendaciones tanto de Pzifer como de la OMS, que insistían en asegurar la administración de la segunda dosis de la vacuna a los 21 días de recibir la primera. La reciente decisión de Pfizer -valiéndose de su cuasimonopolio- de reducir temporalmente el suministro ha confirmado la sensatez de esta apuesta por mantener una reserva estratégica con la que garantizar esa segunda dosis y solventar hipotéticas incidencias, pese a las erráticas y cortoplacistas directrices ministeriales que han alimentado además una irresponsable competición basada en porcentajes más que en criterios de eficiencia y priorización sanitaria. Pese a la lógica de la estrategia vasca, avalada por los expertos, de nuevo el doble efecto distorsionante de Madrid (centralización del plan desde el Ministerio y pugna con la comunidad autónoma) ha provocado una situación que merece ya una lectura política más allá de lo sanitario. Como sucede con otros debates, se ha vuelto a demostrar una falta de madurez estatal con una doble penalización injusta amparada en una supuesta equidad. Primero sometiendo a las autonomías a la dictadura de un ranking de vacunación absurdo y simplista y ahora con la irresponsable intención de disminuir sobre la marcha las remesas de dosis preasignadas privilegiando, aquí sí, a algunas autonomías que apostaron por ese sprint mediático-político de la vacunación por encima de otros criterios y no contaban con dosis para la segunda vuelta. La gestión de Osakidetza y el Gobierno vasco, también en este caso, refuerza la necesaria confianza de la ciudadanía en sus instituciones, máxime en una situación tan grave como la actual.