UCHO antes de que el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dibujara una X en la pirámide de la que, según su instrucción judicial, era la cúpula y estructura de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la sombra de la sospecha sobre el expresidente del Gobierno español Felipe González era ampliamente compartida, fruto de declaraciones de personas implicadas en la guerra sucia, revelaciones e investigaciones periodísticas. Sin embargo, casi 37 años después de las primeras acciones terroristas, los principales interrogantes sobre el origen, creación, financiación y dirección de los GAL -incluida esa X- se mantienen ante la complacencia de la justicia y la complicidad de las instituciones, partidos políticos, medios de comunicación y, en general, de la sociedad española. La reciente publicación por la prensa -no toda- de un informe de la CIA datado en 1984 -solo un año después del inicio de la actividad criminal de los GAL- y desclasificado recientemente y en el que de manera inequívoca se afirma que "Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas" ha devuelto a la actualidad la imperiosa necesidad, ética y política, de arrojar luz y justicia sobre una de las etapas más negras, sangrientas e infames, cubierta por un vergonzante manto de impunidad, de la democracia española. De ahí que cobre pleno sentido la petición realizada por los grupos de PNV, EH Bildu, ERC, JxCat, CUP y BNG para la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de "esclarecer los vínculos de los gobiernos de España presididos por Felipe González con el grupo armado GAL". En este sentido, la negativa de varios partidos (PSOE y PP) y las dudas y vaivenes de Unidas Podemos, aunque finalmente y tras la intervención de Pili Zabala haya rectificado y vaya a apoyar la comisión, son una afrenta a las víctimas -aún no reconocidas como tales- y un gesto de complicidad hacia la impunidad. Asimismo, y para que esta investigación pueda alcanzar su objetivo, es imprescindible la reforma de la Ley de secretos oficiales que a iniciativa del PNV se debate mañana para la desclasificación de documentos que puedan arrojar luz sobre las implicaciones de los gobiernos socialistas con los GAL.
