LA aprobación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del informe sobre el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto que pretende el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón, presenta cuando menos tres vertientes distintas a considerar. Por un lado, la de la propia aprobación y la mecánica de mayorías en el máximo órgano de gobierno de los jueces tras la última reforma de la Ley del Poder Judicial. Relacionada con esta, la de la politización de la justicia, nítida en un debate que debía ser jurídico, o en todo caso ético, pero cuyo desenlace se produce por mera adscripción ideológica. Y, finalmente, la de la propia oportunidad de la reforma de la ley del aborto que Gallardón presentó por primera vez al Consejo de Ministros en diciembre con el aclaratorio título de anteproyecto de Ley de Protección de vida del Concebido. La primera de esas vertientes conlleva la paradoja de que el CGPJ aprobó el informe de la ponente Carmen Llompart, designada por el PP, con menos votos conformes (10) que disconformes (11) con el mismo por el simple hecho de que tres de estos últimos -los de Grande Marlaska, Enrique Lucas y Mercé Pigem- tampoco se alinearon con el otro informe, muy crítico con la reforma, elaborado por Pilar Sepúlveda, que recibió solo los ocho votos de los vocales progresistas. Y ello dirige al eterno problema de que las decisiones en los órganos judiciales son políticodependientes o al menos condicionadas por la postura previa de los partidos que apoyaron la designación de quienes deciden. En cuanto a la propia ley del aborto en sí, el informe del CGPJ es casi coincidente con los otros dos informes solicitados por el Gobierno Rajoy, pero tanto en su tesis como en la falta de unanimidad. El Comité de Bioética aprobó en su día un informe no vinculante por 7 votos a 5, estos últimos reclamando el tercer supuesto de la malformación del feto para poder abortar. Y el Consejó Fiscal sacó por 8 votos a 4 otro análisis que pedía el supuesto de aborto para "casos de anomalías fetales incompatibles con la vida" únicamente. En uno y otro caso, igual que sucede en el CGPJ, las votaciones coinciden con el origen del apoyo político en la designación de los miembros del comité y del consejo, lo que lleva a cuestionar el motivo, la necesidad y los argumentos de los informes, pero también la oportunidad de la reforma en una cuestión al mismo tiempo tan personal y tan socialmente controvertida.