LA ausencia de reacción del Gobierno vasco a las informaciones sobre las actividades y las inversiones privadas efectuadas por su delegada en Chile y Perú, Ana Urchueguía, en la localidad nicaragüense de Somoto en coincidencia con su actividad como vicepresidenta de Euskal Fondoa, la asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, y también de presidenta de la Comisión al desarrollo de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) cuando ejercía de alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria se puede interpretar sin demasiado margen para el error como un vano intento de restar presencia en los medios a lo que ya es sin embargo un escándalo ético y político. Y dicha falta de disposición a la transparencia en quien debe velar por los intereses de la sociedad y controlar la actividad de sus representantes no contribuye en absoluto a separar actitudes que se entienden ciertamente cuestionables de la por el contrario ensalzable labor de cooperación que, desde Euskadi, realizan decenas de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Ya el propio nombramiento de Urchueguía en febrero del pasado año como delegada del Ejecutivo de Patxi López en Chile y Perú, tras arreciar las denuncias y rumores sobre su actitud y actividades, obvió la más elemental prudencia en ese sentido y priorizó los intereses partidistas del PSE para su relevo en la alcaldía de Lasarte, que nada tienen que ver con una mayor proyección de la bien ganada buena imagen de Euskadi en Latinoamérica, lograda a lo largo de décadas también gracias a la labor de las más de setenta organizaciones de la Coordinadora de ONGD de Euskadi a la que, por cierto, contribuyen con sus subvenciones las principales instituciones de nuestros país. No se trata ya únicamente, aunque también deberá dirimirse, de que las actividades de Ana Urchueguía puedan contravenir los principios de servicio que deben regir una honesta actividad política y más aún en el caso de la cooperación al desarrollo, ni siquiera de que hayan podido faltar a los mínimos estándares que la ética aconseja en los representantes públicos, que en su caso la propia sociedad se encargará de juzgar, sino también del irreparable daño que el caso Urchueguía podría provocar en organizaciones plurales y diversas que desde Euskadi llevan a cabo una ingente labor de cooperación al desarrollo tanto en Nicaragua y en Latinoamérica como en otros países con modelos, labores y actitudes diametralmente opuestas a las mostradas en Somoto por la delegada del Gobierno vasco. Y evitar ese daño, remediar la posible afección del caso Urchueguía a la cooperación vasca y a la imagen de nuestro país en otros no pasa por silenciar las presuntas irregularidades sino por investigarlas y, en su caso, por depurar las responsabilidades a que den lugar.
