Los gobiernos de los países de la Unión Europea respaldaron ayer la apertura de expedientes a Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Malta por haber superado el límite del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) que marcan las reglas presupuestarias de la UE. Los Veintisiete dieron su visto bueno al procedimiento por déficit excesivo a estos siete países, en línea con la recomendación emitida en junio por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario retomó el mes pasado los expedientes fiscales tras cuatro años suspendidos por la pandemia y la guerra en Ucrania, destinados a asegurar que los países que superan los límites de déficit y deuda pública que fijan los Tratados, del 3% y el 60% del PIB, respectivamente, hacen ajustes para corregir sus desvíos, bajo pena de sanciones si no actúan.

De los doce países que se exponían a este procedimiento, Bruselas decidió expedientar a siete de ellos, incluidas Italia, que registra el déficit más abultado de la UE (7,4% del PIB) y Francia (5,5%), así como Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. Además, mantuvo abierto el que inició en 2019 contra Rumanía puesto que no ha tomado medidas para encauzar su déficit.

En el caso de España, sin embargo, Bruselas consideró que no estaba justificado abrir un expediente pese a que su déficit se situó en 2023 en el 3,6% puesto que, pese a no estar cerca del umbral de referencia – como mucho seis décimas por encima del 3%–, consideró que el desvío es temporal y se reducirá al 3% este año y al 2,8% en 2025, según sus previsiones. Además de España, también lograron evitar ese expediente otros países como República Checa, Estonia, Eslovenia y Finlandia porque la Comisión Europea tuvo en cuenta factores relevantes como la situación de la deuda pública, la evolución de la economía o la inversión en defensa.

En el marco del debate entre países sobre la apertura de estos procedimientos, Dinamarca expresó una queja por el hecho de que Bruselas perdonase el expediente a España pese a haber cerrado el pasado año con un déficit superior al permitido.

Esta crítica fue canalizada en una declaración que, sin mencionar específicamente a ningún país, pedía una implementación rigurosa de las reglas y a la que se sumaron otros cinco países, entre ellos Suecia. Estos seis países presentaron su desacuerdo ante el Comité Económico y Financiero de la UE, que está formado por expertos de los veintisiete Estados miembros.