Una de cal y otra de arena. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) refrendó ayer jueves que España crecerá este año más de lo que inicialmente se preveía, pero el club de los países ricos percibe riesgos estructurales que hay que corregir para sanear su economía y evitar que la factura de la recuperación frene el desarrollo en el futuro. Si la Administración central no actúa ya para disponer de más recursos con los que devolver la deuda contraida los últimos doce meses, estará en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, la capacidad del Estado para dar impulso a la economía.

La OCDE estima que hay que tocar la tecla de la fiscalidad y reducir las exenciones y deducciones del IVA y del IRPF es el recurso más accesible. La deuda pública española ronda en estos momentos los 1,4 billones de euros, una 125,4% del PIB del Estado. Deber más dinero que la riqueza que se genera en un país en un año es mal negocio para cualquier administración y compromete el desarrollo de la políticas públicas.

Todo ello a pesar de que las previsiones económicas son muy favorables. La OCDE elevó su previsión de crecimiento para la economía española al 5,9% en 2021 y al 6,3% en 2022. Aun así pidió mantener los aspectos de la vigente legislación laboral que dan flexibilidad a las empresas, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial o el territorial.

En su Estudio Económico de España 2021, publicado ayer, señala que todavía hay mucha incertidumbre respecto a la evolución económica a corto plazo, pero que la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del plan de recuperación permiten mejorar las previsiones de crecimiento por encima de lo pronosticado en marzo (5,7% para 2021 y 4,8% para 2022).

El organismo considera crucial para la recuperación garantizar mecanismos de flexibilidad interna a las empresas para adaptarse a los efectos de la pandemia y agilizar el desembolso de las ayudas directas a empresas, incrementándolas si fuera necesario. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, hizo hincapié en rueda de prensa en la importancia de que las empresas tengan herramientas suficientes para adaptarse a cambios en la demanda o en la estructura de la economía en general.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró que se tendrán en cuenta las consideraciones de la OCDE para construir “el mejor marco laboral posible” para que la recuperación económica sea rica en generación de empleo. Para respaldar la recuperación, la OCDE sugiere mantener una política fiscal expansionista (más gasto público) hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero cada vez más enfocadas en las áreas problemáticas.

Para cuando la recuperación se consolide reclama una estrategia creíble de consolidación fiscal a medio plazo para corregir el elevado nivel de deuda pública.

Dentro del desafío fiscal a largo plazo, la OCDE incluye la sostenibilidad del sistema de pensiones que cree que obliga a buscar medidas “socialmente aceptables” y recomienda vincular la edad legal de jubilación (67 años en 2027) con la esperanza de vida en el momento de la salida del mercado laboral. Además, propone desincentivar la jubilación anticipada incrementando el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra. A medio plazo, considera que hay margen para mejorar la fiscalidad y subir el impuesto que grava los combustibles para reflejar mejor las emisiones de dióxido de carbono.

“Tendremos en cuenta las recomendaciones de la OCDE para fijar el mejor marco laboral posible”

Ministra de Economía