El IMQ se juega su futuro en la junta de septiembre

En frente de la PAI se posiciona Ademi, la Asociación para la Defensa del Modelo del Igualatorio, que quiere evitar la apertura masiva del capital a agentes externos que podrían laminar la capacidad de decisión del consejo médico. El debate tiene muchas aristas y amplia superficie para auténticos encontronazos entre un grupo que da la impresión de que quiere vender su participación con el mayor rendimiento posible y los que buscan fórmulas para mantener la esencia.

La raíz del problema es un cambio normativo, que data del año 2000 y que empujó al IMQ a seguir el patrón que se impuso a los equipos de fútbol y constituirse en sociedad anónima. Ese proceso obligó a la compañía a establecer un precio por acción y a poner en manos de los socios un título que hasta entonces no formaba parte de la estructura de la compañía. En estos momentos, cada uno de los 1.100 socios del IMQ tiene en sus manos 1.000 acciones. El valor de la participación se ha actualizado gradualmente. Empezó en cerca 3.000 euros y ahora se sitúa en los 99.000 euros. La evolución de los títulos es llamativa, pero además el IMQ paga cada año un dividendo del 6% a sus accionistas, un porcentaje que hoy en día no ofrece ningún agente.

A cuenta del cambio legislativo, los accionistas del Igualatorio se han encontrado con un foco de generación de valor sin que mediara una inversión previa más allá de su aportación inicial al proyecto. Y es precisamente ese resorte de rentabilidad el que ha generado un cisma sin precedentes. La Plataforma de Accionistas, pese a defender sobre el papel el modelo, busca fórmulas para hacer líquida su participación y apuesta por liberalizar de forma integral la venta de acciones. El escenario que persiguen es que Adeslas, que entró en la firma para financiar la clínica de Zorroazaurre, les compre su participación, abriendo así la puerta a que la aseguradora médica de Mutua Madrileña se convierta en máximo accionista.

Mientras, Ademi, cuyo portavoz en Chantón Martínez Astorquiza, admite la posibilidad de abrir el protocolo de intercambio de titularidad de las participaciones, pero quiere hacerlo sin que ello suponga un quebranto en el control de la compañía. En ese escenario, consideran que hay un amplio abanico de posibilidades. El propio IMQ puede proceder a la compra de acciones, reforzando así la autocartera. Hay otras opciones sobre la mesa, como la apertura de la sociedad a médicos de Araba y Gipuzkoa, territorios donde el Igualatorio tiene actividad, y romper así con la titularidad exclusivamente vizcaina de la firma. También se barajan opciones como permitir la entrada en el capital de otro tipo de trabajadores del Igualatorio. Y reforzar las posibilidades de toma de participaciones con líneas de financiación ex profeso. Todos esos escenarios contrastan con las aparentes prisas por vender de los impulsores de la PAI, que tiene como cabeza visible al médico Eduardo Zabala. La junta de accionistas del año pasado elevó el precio de la participación -1.000 acciones- desde 56.000 euros hasta los 99.000 euros, y el entonces director general de la compañía, Miguel Ángel Lujua, se comprometió a un salto hasta los 199.000 euros este año. A la espera de que se materialice ese escenario y después de que Lujua haya sido cesado con el trasfondo de esta guerra civil en la sociedad, la PAI sigue buscando argumentos para acercar el precio de la participación al objetivo que se ha marcado, que supondría que cada médico tiene en sus manos un activo de cerca de 250.000 euros.

En esta ocasión han sido dos informes externos encargados por IMQ a Deloitte y KPMG, que cifran en torno a los 285 millones de euros el valor de la compañía. Si se divide ese valor entre los 1.100 accionistas del igualatorio, cada uno tendría en su bolsillo algo más de 259.000 euros. Ocurre que esa cuenta no contempla cuestiones como los gastos que genera la actividad empresarial, la deuda o el valor de mercado, lo que están dispuestos a pagar posibles inversores.

99.000

El valor de la participación, 1.000 acciones, se situó el año pasado en 99.000 euros, con el compromiso de avanzar este curso hasta los 199.000 euros.

Valor razonable. Tanto la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI) como la Asociación para la Defensa del Modelo de IMQ (Ademi) defienden la necesidad de fijar un valor razonable para los títulos de la compañía.

Liberalización. La PAI busca la liberalización total de la venta de acciones, que pueda entrar en la empresa cualquier agente y apunta a Adeslas, la aseguradora médica de la Mutua Madrileña. Por su parte, Ademi plantea fórmulas para que otros médicos o el propio IMQ compra títulos y se refuerce así el modelo actual, en el que los profesionales controlan la compañía.