BILBAO - La industria vasca, en particular, y la española, en general, no para de pedir a la administración cambios en las estructuras tarifarias para que el coste de la energía que soportan las empresas se iguale al de las competidoras en los principales países europeos como Alemania o Francia. Y alguien les ha escuchado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que ha propuesto un recorte anual medio del 7% de la retribución que reciben las empresas eléctricas por la distribución de electricidad y cerca de un 18% la de gas natural. Ello propiciaría un recorte de las tarifas energéticas que abona la industria. Pero el primer resultado ha sido una caída general del valor en Bolsa de las empresas energéticas que han perdido unos 4.400 millones de euros en su cotización en las últimas 48 horas.
La CNMC argumenta su iniciativa con el fin de definir un marco regulatorio “estable y riguroso” y considera que este nuevo criterio permitirá una rebaja de los peajes que pagan los consumidores a través de la factura energética, lo que supondrá un abaratamiento de la misma.
La propuesta ha estallado como una bomba en el sector energético y las principales compañías afectadas han sufrido notables caídas de sus cotizaciones en Bolsa. Este es el caso de Enagas, Naturgy, -las gasistas han sido las más afectadas-, REE, Endesa e Iberdrola
¿Por qué ese descenso tan acusado en Bolsa? Pues porque de prosperar la propuesta de la CNMC los ingresos de las citadas compañías en los próximos años pueden sufrir apreciablemente ya que, en total, incluida la menor retribución de las redes de transporte, se calcula un ajuste de unos mil millones de euros anuales.
Si tenemos en cuenta que el periodo regulatorio para el que la CNMC quiere establecer este nueve esquema de retribución se extiende a cinco años, de 2020 a 2025, en el caso de la electricidad, y de 2021 a 2026 para el gas natural, el recorte total de ingresos que pueden tener que afrontar las empresas afectadas superaría los 5.000 millones de euros.
El documento de Competencia fija una retribución para la distribución de electricidad de 5.455 millones de euros al año, lo que supone un recorte del 7% respecto a las cifras actuales y los pagos para la actividad de transporte de electricidad se quedarían en 1.656 millones al año, un 8,2% menos. Pero estos recortes para el sector eléctrico no son gran cosa comparados con los que le espera al sector gasista, tradicionalmente con menos capacidad de lobby. Así la distribución de gas se quedaría en 1.420 millones de euros al año, un 17,8% menos; y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones de euros, un notable 21,8% de recorte.
En términos de volumen, los mayores recortes de las retribuciones se producen sobre las redes de electricidad y de gas. Con esta propuesta, en realidad lo que hace el regulador es asumir las competencias atribuidas por el derecho comunitario europeo en materia de gas natural y electricidad, tras la aprobación por parte del Gobierno español del real decreto ley el pasado mes de enero para que pueda emitir circulares normativas, al igual que lo hacen entidades como el Banco de España o la CNMV.
Se trata de siete proyectos de circulares adicionales que Competencia pasará a consulta pública, -se pueden presentar alegaciones durante un mes-, con el fin de que entren en vigor antes del 1 de enero de 2020.
La propuesta de la CNMC es una verdadera reforma del sector energético en el Estado español aunque habrá que ver si no encalla como otros intentos anteriores. Para empezar las gasistas, en principio las empresas más afectadas, ya están avisando que contemplan recurrir ante los tribunales de justicia. Las compañías argumentan que los recortes de ingresos lastrarían sus futuras inversiones.
La otra cara de la moneda es que la CNMC también ha propuesto un aumento de la retribución que recibe el gestor técnico del sistema gasista, Enagas, del 7,9% y del operador del sistema eléctrico, REE, del 21,6%, aunque ello supone cifras mucho más modestas pues sumarían unos 24 millones de euros para el primero y de 58 millones de euros para el segundo.
Bolsa El resultado de la propuesta ha sido una tormenta bursátil, -anticipada en parte el jueves cuando se filtraron algunas de las medidas en la prensa-, materializada en la sesión de ayer en una caída de las acciones de Endesa, del 1,5%, y de Iberdrola, el 1,17%, respectivamente; lo que unido al descenso del jueves se traduce en una pérdida de capitalización de 540 millones de euros en el caso de Endesa y de unos 1.000 millones para Iberdrola. Respecto a REE, su cotización bajó ayer un 3,7%.
Pero los mayores recortes los han sufrido las compañías gasistas con Enagas, en cabeza, que ayer se hundió un 7,2%, y Naturgy (la antigua Gas Natural) que bajó un 3,3%. El recorte previsto en la distribución de gas, que afecta especialmente a Naturgy, alcanzará un 17,8%. Ello ha supuesto que los inversores se alejasen de esta compañía hasta el punto que su capitalización se ha reducido en 1.651 millones de euros en dos días.
El efecto del recorte propuesto para la retribución de las inversiones en el transporte de gas y regasificación y que ascendería al 21,8% ha afectado principalmente a Enagas que en los últimos dos días ha perdido 628 millones de euros de capitalización. Las empresas gasistas afectadas por este posible cambio normativo se plantean llevar a la CNMC ante los tribunales españoles si el citado recorte llega a materializarse, porque creen que “se pondría en riesgo las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética y la descarbonización”. En cambio, en el sector eléctrico solo REE ha comunicado que presentará alegaciones.
Castor a devolver La citada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por otra parte, ha exigido de oficio a ACS (Escal), Enagas Transporte, Bankia, Caixa Bank y Banco Santander el reintegro de los 368,4 millones de euros por las liquidaciones relacionadas con el almacenamiento subterráneo de gas Castor, sito en la costa mediterránea frente a Vinaroz y que no ha llegado a operar porque al llenarse propiciaba pequeños movimientos sísmicos.
La razón de esta revisión se deriva de la sentencia de 21 de diciembre de 2017 del TC español en la que se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo, tras la renuncia de su titular, ACS-Escal.
