bilbao - Los transportistas vascos han comenzado a presentar las demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones por haber pactado los precios de sus vehículos entre los años 1997 y 2011. Las 267 reclamaciones que se presentan desde la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ascienden hasta los 25 millones de euros.

Esta estrategia judicial está coordinada por el despacho CCS Abogados que gestiona 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes de todo el Estado español y que implican a más de 34.000 camiones. Las demandas se están presentando de manera uniforme en todas las comunidades autónomas. Las pruebas periciales han servido para calcular que la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión podría situarse en torno a una media del 16,35% del mismo. Se estima que las indemnizaciones totales a los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros.

En la CAV están implicados 1385 camiones adquiridos con sobreprecio en esos catorce años. En Bizkaia se van a presentar 219 demandas que involucran a 1207 camiones. En Gipuzkoa, treinta demandas por 92 vehículos y en Araba dieciocho reclamaciones por ochenta y seis camiones.

En 2016 la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones: DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel. La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997 y 2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.

En abril de 2017 la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) abrió un concurso entre bufetes de abogados con el fin de elegir la firma que prescribirían a sus asociados para instar la reclamación frente a los fabricantes. Al mismo se presentaron dieciocho bufetes y cinco fondos de inversión extranjeros. El 1 de junio de 2017 la CETM anunció que la firma elegida era CCS Abogados.