El pasado julio, una educadora fue apuñalada en un piso de menores tutelados de Txurdinaga; unos meses antes, en Badajoz, Belén Cortés, otra profesional de 36 años, fallecía tras ser asfixiada con un cinturón por tres menores de 14, 15 y 17 años. En Bizkaia, desde 2020 medio centenar de trabajadores de hogares infantiles han sido agredidos, todas ellas ataques leves salvo la del pasado mes de julio.
En el territorio funcionan un total de 23 viviendas del programa general básico para menores tutelados por la Diputación, entre hogares (19) y centros residenciales (4). En ellos se atiende a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años, siempre que no necesiten ser atendidos en programas más específicos, como los especializados en adolescentes con problemas de conducta, que suman otra decena de hogares y centros residenciales. Además, hay otros doce centros de preparación a la emancipación, para menores extranjeros no acompañados; dos pisos del programa de emancipación, y otros tres recursos en el que se atiende a menores con discapacidades graves. Y es que, dependiendo de las características de los niños que tienen que ser separados de sus padres biológico y cuya tutela asume la Diputación, se establecen diferentes programas para cubrir adecuadamente sus necesidades.
Según se desprende de la respuesta a una pregunta escrita formulada por el PP, relativa a las agresiones sufridas por los educadores sociales y trabajadores que atienden estos centros, en los últimos seis años se han producido cincuenta ataques, 14 de ellos solo los primeros meses de este 2025. En 2020, año del confinamiento por la pandemia del covid, se produjeron 11 agresiones, que fueron reduciéndose a 7 en 2021, seis en 2022 y únicamente tres en 2023. A partir de ese momento, las cifras comenzaron a aumentar: nueve el año pasado y catorce hasta el 31 de octubre de este 2025. En el informe se refleja además que todas las incidencias han sido calificadas como leves, “a excepción de la ocurrida en el mes de julio, relativa a la agresión a una educadora, que ha sido calificada como grave”.
A raíz de aquella agresión, se instalaron dos pulsadores de emergencia, más conocidos como botones del pánico, en las diez viviendas gestiona directamente la Diputación, “que permite una respuesta rápida ante situaciones de riesgo o emergencia”. Los educadores y trabajadores de los hogares pueden utilizar estos botones de seguridad si se ven en peligro ante la conducta violenta de alguno de los menores y, al pulsarlos, el aviso llega a una empresa de seguridad para que pueda intervenir.
Además, se constituyó una comisión de seguimiento específica para diseñar, implementar y supervisar medidas preventivas y de intervención en situaciones de riesgo y violencia. Hasta la fecha, este grupo de trabajo, en el que participan la plantilla y el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), se ha reunido en varias ocasiones, “consolidando un espacio de evaluación continua y mejora”, según señala la respuesta firmada por la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi.
Esos botones no son los únicos procedimientos y medidas que tienen en su mano los trabajadores de estos recursos residenciales. En situaciones de riesgo de agresiones, existe la posibilidad de implementar un refuerzo del personal, “incrementado así la dotación en función de las necesidades de los trabajadores y personas menores de edad”. Y es que una de las mayores quejas de los educadores es, precisamente, la escasez de personal con la que tienen que desarrollar su trabajo. “Muchas veces lo que ocurre es que se generan macrocentros en los que hay una cantidad de menores excesiva, pero no hay los recursos personales ni materiales necesarios para poder intervenir y surgen conflictos”, lamentaba hace unos meses en este periódico una educadora social vizcaina.
También se ha diseñado y propuesto un plan de formación adaptado a las necesidades reales del entorno residencial. Así, a todos los profesionales se les imparte un curso sobre Prevención y manejo de situaciones de riesgo como consecuencia de conductas agresivas. Y es que muchas veces hasta la circunstancia más nimia puede derivar en violencia. “Son chavales que no han tenido una educación de base y no se les han impuesto límites. En el momento en que la figura educativa les dice que esto por ahí no es, se enfadan, como cualquier adolescente, pero ese enfado se agranda cuando hablamos de personas que vienen de familias desestructuradas, donde probablemente han visto mucha violencia y la han normalizado como si fuera una rutina. Al no tener ese control, te golpean”, relataba. Por ello, desde el servicio foral de Infancia se implementan recursos educativos tanto para los menores con comportamientos disruptivos como para el restos de niños y adolescentes con los que conviven.
También se ha puesto en marcha un programa de apoyo psicosocial, dirigido a las necesidades emocionales y psicológicas de las personas que trabajan en los hogares. “Este recurso ofrece acompañamiento profesional, espacios de escucha activa y estrategias para el manejo del estrés y el desgaste emocional”, explica Antxustegi en la misma respuesta.
Al detalle
Evaluación
Factores. A la hora de valorar los comportamientos agresivos y su gravedad se tienen en cuenta factores como el momento evolutivo y la situación personal en la que se encuentra el menor; el contexto en el que se producen; el tipo de violencia; la intencionalidad; su repetición o consistencia en el tiempo; si se ha realizado de manera individual o en grupo; si responde a algún tipo de trastorno psíquico, los daños producidos, y la actitud y comportamiento tras la agresión: arrepentimiento, motivación hacia la reparación del daño causado... Esta valoración corre a cargo del equipo de profesionales de cada hogar. Según se recoge en el protocolo de actuación ante estos casos, “normalmente estas conductas suelen ser valoradas como leves, por lo que la intervención educativa que se debe llevar a cabo se enmarca dentro de la práctica habitual del recurso residencial”. De hecho, se establece que “solo en aquellas ocasiones en las que la valoración que se realice se considere de carácter grave o muy grave habrá que tener en cuenta y aplicar” las pautas que se plantea en el protocolo.
Prevención
Conductas violentas. Uno de los apartados del protocolo es, precisamente, la prevención de las conductas violentas, planificando y desarrollando intervenciones para prevenirlas, fomentando el uso del diálogo y otros mecanismos más adaptativos en la resolución de conflictos y en el manejo de la ira, incluso con programas individuales de control de emociones.
