Una contención emocional que rebaje el estrés antes de que una situación de tensión derive en una agresión, o la privación de la aportación económica durante tres semanas al menor si finalmente esta se produce. El servicio de Infancia de la Diputación dispone de un protocolo específico en el que se detalla cómo actuar en caso de ataques a los profesionales de la red de acogimiento residencial para la infancia y la adolescencia.
“La vida cotidiana con niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección genera con cierta frecuencia situaciones de tensión y conflicto que el equipo educativo debe tratar de controlar, gestionar y minimizar”, reconoce el propio documento. En él se contempla no solo la violencia física, sino también la sexual, la psicológica o la que se ejerce contra las pertenencias personales.
La primera recomendación es aprender a reconocer los signos que anticipan un episodio violento en el menor: agitación, tensión extrema, hiperactividad motora... En estos casos, se aconseja utilizar la contención emocional, intentando reducir el nivel de ansiedad y estrés sin contacto físico: llevar al menor a un área con privacidad, permaneciendo a solas con él pero teniendo cerca a otros educadores; no darle nunca la espalda ni dejar a su alcance objetos contundentes; escucharle para que exprese su irritación con una actitud abierta y empática, sin criticar; utilizar un tono de voz calmado y mantener contacto visual... Y, ante todo, garantizar la seguridad de todo el personal y del resto de usuarios del recurso. En menores propensos a conductas agresivas, se llevan a cabo programas o estrategias individuales de control de emociones y de la ira, fomentando el uso del diálogo y otros mecanismos más adaptativos. Cuando derivan de trastornos psíquicos o dificultades emocionales graves, se cuenta también con el apoyo y la intervención de los programas de salud mental.
Cuando no se ha podido evitar que se produzca la agresión, en función de las posibilidades se recomienda protegerse, separándose si es posible del agresor; realizar, si es pertinente, una inmovilización física; contar con la intervención de otros profesionales del recurso para intentar detener el ataque; evitar que el resto de menores presencien la situación, y, en caso de necesidad, valorar la posibilidad de solicitar el apoyo de alguno de los adolescentes acogidos para buscar ayuda externa. Si se mantienen las conductas violentas, se solicita ayuda a través del 112.
Las agresiones dan también lugar a medidas educativas correctoras, proporcionales a la gravedad y persistencia de los hechos. Nunca pueden implicar castigos corporales, privación de la alimentación o del derecho de visita de los familiares. Entre las medidas aplicables, se pueden suspender las actividades de fin de semana de ocio por un máximo de un mes; realizar actividades adicionales a las que realiza habitualmente en el centro entre 16 días o un mes; retirarle la asignación económica que reciben por un tiempo máximo de tres semanas; contribuir con parte de esa asignación a la reparación de los daños causados o la restitución de los objetos sustraídos, y la separación del grupo, por dos días como máximo, con acompañamiento y supervisión de un adulto. También se fomenta una accesión reparadora hacia la víctima.
El apunte
Para la víctima. El protocolo recoge medidas de apoyo al profesional agredido, valorando por ejemplo la necesidad de asistencia o apoyo psicológico, y revisando las estrategias educativas para que no se repitan los ataques. También se valora, junto con la dirección y el equipo, la pertinencia de interponer una denuncia –que es una opción personal de la víctima–, teniendo en cuenta las características del agresor, sobre todo si es menor de 14 años o sufre un trastorno psíquico.
