La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este lunes el colapso de las citas previas en oficinas de la Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con demoras generalizadas en todo el Estado. En el caso de Bilbao, conseguir una cita para solicitar la pensión de jubilación puede suponer una espera media de 28 días.
Según el estudio realizado por la OCU, que analizó la disponibilidad de citas en 26 oficinas durante dos semanas y con seis intentos por cada una, más de la mitad de las veces ni siquiera fue posible obtener cita en la misma ciudad. La organización califica la situación de “inaceptable”.
Entre las grandes ciudades analizadas, Bilbao, Murcia y Málaga son las únicas donde la disponibilidad resulta “moderadamente aceptable”, aunque con plazos de espera elevados: una media de 28 días en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.
CONSECUENCIAS DE LOS RETRASOS
El análisis también se extendió al SEPE para solicitar la prestación por desempleo, un trámite que debe completarse en un máximo de quince días hábiles para no perder derechos económicos. Aunque los resultados son algo mejores que en el INSS, la OCU considera que siguen siendo insuficientes. En ciudades como Barcelona y Tarragona no se obtuvo cita ni en la capital ni en el resto de la provincia, mientras que en lugares como Bilbao, Albacete u Oviedo las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después.
La organización advierte de que estos retrasos pueden provocar la pérdida de parte del subsidio o forzar a los ciudadanos a realizar el trámite por internet, incluso cuando no disponen de medios o conocimientos digitales.
Ante esta situación, la OCU reclama eliminar la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos en los trámites urgentes. También propone establecer atención prioritaria para personas mayores y colectivos vulnerables, habilitar mesas de ayuda sin cita para obtener certificados digitales y fijar plazos máximos garantizados: cinco días para trámites urgentes y diez para el resto, con estadísticas públicas mensuales y sanciones internas si se producen demoras injustificadas.
