Bilbao se declarará zona residencial tensionada a partir del 31 de noviembre, y por esa razón, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña para informar a la ciudadanía sobre las consecuencias que tendrá la declaración para la contención de los precios del alquiler y las nuevas normativas que llegarán para toda la ciudad.
Se entregará a domicilio una edición especial de Infobilbao y se pondrán folletos divulgativos en todos los centros municipales sobre cómo afectará la medida a inquilinos y propietarios, los beneficios que traerá, o los derechos a los que se podrá acoger. También se divulgará información en redes sociales y en las webs del Ayuntamiento y de Viviendas Municipales. Para resolver cualquier tipo de dudas, se podrá contactar con la Oficina Municipal de Vivienda o a través de Bizilagun.
"Esta campaña pretende resolver dudas y contribuir a que toda la ciudadanía bilbaína que está involucrada o interesada en el alquiler de una vivienda disponga de la información necesaria sobre sus derechos a partir de la entrada en vigor de esta normativa”
Declarar zona residencial tensionada
El coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de los hogares bilbaínos, y por ello, el Gobierno Vasco solicitó declarar la zona residencial tensionada a Bilbao. Y así se oficializó el 30 de octubre cuando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó el Boletín Oficial del Estado.
Esto hace que a partir del 31 de octubre, los alquileres de la vivienda en Bilbao estarán sometidos a medidas que facilitarán la contención de los precios y otorgarán una serie de derechos a las personas inquilinas para evitar subidas desproporcionadas de esos precios. El sistema pondrá límites al precio del alquiler en cada zona.
Mejorar el acceso a la vivienda
Para contribuir a favorecer el acceso a la vivienda el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco pondrán en marcha un plan de acción durante los próximos tres años. Entre lo que proponen, está el crear más vivienda pública y movilizar la vivienda vacía; actuar sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana; un nuevo sistema de prestaciones, ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables; o controlar el precio del alquiler y extensión de condiciones de los contratos, entre otras acciones.
