El número total de alojamientos turísticos –tanto habitaciones como viviendas– registradas de forma legal en Bilbao es de 1.362. Lo primero que podría pensar uno, en vista de que las modificaciones legislativas complicarán la obtención de licencias nuevas, es que los pisos que ya cuenten con dicha autorización podrían aumentar considerablemente su precio en el mercado. No obstante, José Manuel González Robles, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria COAPI de Bizkaia, desmiente esta creencia. “Las licencias ya existentes no se van a revalorizar por la incertidumbre jurídica”, apunta antes de poner como ejemplo lo ocurrido en Catalunya, donde la legislación aprobada por la comunidad prevé que las licencias caduquen.
“¿Para qué comprar una vivienda que tenga la licencia de alojamiento turístico? Si dentro de dos o tres años te van a cambiar la normativa y te van a decir que te la anulan... No tiene sentido”, argumenta González Robles, quien menciona el caso de inversores que adquirieron una vivienda turística en la ciudad condal con el objetivo de sacarle una rentabilidad. No obstante, tras el decreto ley aprobado por la Generalitat, que establece un máximo de cinco años para la validez de las licencias, se deja en manos de los municipios su renovación. Y el Ayuntamiento de Barcelona ya anunció su intención de tratar de eliminar los más de 10.000 pisos turísticos que alberga para 2028.
El presidente del COAPI no pone la mano en el fuego con que esta medida no pueda llegar también a Bilbao, donde afirma que existe la normativa más restrictiva para los alojamientos turísticos tras Barcelona. En cualquier caso, para González Robles el motivo principal de la proliferación de las viviendas turísticas está en la Ley de Vivienda. “Si el fundamental motivo de esa ley era sacar más viviendas para satisfacer la enorme demanda contra la poca oferta que hay, lo que se ha hecho es ahondar más en esa brecha”, considera el portavoz de los agentes de la propiedad.
En palabras de José Manuel González Robles, “lo más importante es la seguridad del propietario y esa ley simplemente contemplaba derechos para el inquilino”. A su juicio, la ley se ha redactado teniendo en cuenta los abusos de los fondos buitre, “sin tener en cuenta que en Euskadi el 95% de la vivienda en alquiler está en manos de particulares, que pueden tener un piso en alquiler con una hipoteca que aún están pagando”. En palabras del portavoz de los agentes de la propiedad, decirle a un propietario de estos que si su inquilino se declara vulnerable podría pasar un año sin pagarle ninguna mensualidad antes de poder desahuciarlo es “trasladarle a un particular una responsabilidad que tenía que haber adquirido la administración”.
Es en ese contexto, asevera, en el que los pequeños propietarios han optado por inclinarse por los alojamientos turísticos. “Parece que el problema es la vivienda turística, pero la vivienda turística tiene que existir. Cada producto tiene su nicho, otra cosa es que ante la falta de seguridad jurídica del contrato de vivienda habitual de alquiler la gente haya optado por los pisos turísticos”, expone el presidente del COAPI quien considera que la legislación de los pisos turísticos trata de subsanar ahora los problemas provocados por la Ley de Vivienda.
