Villarejo desliga el 'proyecto Saving' de su actividad como policía y la limita a un trabajo privado

"No tenía nada que ver mi actividad oficial con los trabajos privados, y lo he repetido mil veces", ha reiterado al comparecer como acusado, al igual que en otros juicios de la macrocausa.

Villarejo, que ha respondido sólo a las preguntas de su abogado, ha negado haber accedido a bases de datos policiales para este proyecto que asumió su empresa Grupo CENYT, ya que "no tenía las claves de acceso" y "no tenía ordenador oficial".

"Si hubiera tenido una comisaría o una dependencia donde yo estuviera como jefe, me hubiera metido en el ordenador de esa oficina, pero como yo no tenía nada de eso, pues, obviamente, no podía tener acceso a base de datos", ha añadido.

Asimismo, ha calificado de "folclore publicitario" los informes donde presumía ante sus clientes de una determinada infraestructura para conseguir lo que le pedían y ha argumentado que "si uno va a tratar de cobrar una minuta razonable, no va a decir que está solo con la secretaria".

Villarejo ha dicho que al cliente del proyecto, el empresario José Moya, le "estafaron 100 millones de euros" y "ni siquiera le reconocieron que había invertido" esa cantidad en la compra de acciones de la constructora.

"Lo que se investigaba era el engaño que a este señor le habían hecho. Lo único que él quería es que le reconocieran que había invertido ese dinero, era una cuestión puramente civil", ha abundado.

Por su parte, su socio Rafael Redondo, el otro acusado, ha defendido que "todo lo que ha hecho CENYT se ha hecho perfectísimamente legal".

EL DESARROLLO DE 'SAVING'

La Fiscalía pide en este juicio 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado por esta pieza de la causa, así como 18 años y 9 meses para su socio.

Anticorrupción sostiene que, en julio de 2011, Moya contactó a través de terceras personas con el comisario "cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía" para que le ayudara a resolver un conflicto que mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su entonces presidente, Fernando Martín.

Según detalla en su escrito de acusación, el problema partía de la adquisición por parte de Moya de acciones de Martinsa-Fadesa por importe superior a 100 millones de euros en 2007 --el 5% de la compañía-- que iba acompañada de un contrato de opción de venta que permitía a Moya recuperar, al menos parcialmente, la inversión y que habrían de ser compradas por Martinsa-Fadesa y su presidente.

Una opción de venta que, explica, "no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato de opción de venta, iniciándose entonces el conflicto que enfrentó al propio Moya con la compañía y con su presidente".

Fue entonces, según el fiscal, cuando el accionista habría contratado a Villarejo para encomendarle investigar "posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa" y cuyo conocimiento podría usar en una eventual negociación para recuperar la inversión.

Según Anticorrupción, ese proyecto "comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal, y añade que el resultado de esas pesquisas se plasmó en unos informes.

El fiscal indica que por esos trabajos Moya, a través de Persán SA --empresa de detergentes--, abonó a Grupo CENYT la cantidad total de 501.500 euros en varias transferencias y que los pagos respondieron a facturas emitidas por la empresa de Villarejo en las que, "con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial", se manipularon los conceptos de los servicios prestados.