Noviembre de 2025 es la fecha que recoge el acuerdo de investidura entre PNV y PSOE para completar el Estatuto de Euskadi, que con Pedro Sánchez ha recibido 14 competencias, menos de la mitad de las comprometidas por el Gobierno español en 2020 para desarrollar una ley que una legislatura más, acaba inconclusa.
Los seis años de gobiernos de Pedro Sánchez dejan todavía cerca de una veintena de traspasos en espera y dos competencias relevantes en manos de las instituciones vascas: la gestión del sistema penitenciario y la del Ingreso Mínimo Vital.
El balance es positivo si se compara con las cero transferencias logradas en los años en los que el popular Mariano Rajoy estuvo al frente del país.
Las tres últimas al filo de la campana
Los reproches y reclamos del Ejecutivo vasco han sido constantes por el parón en el cronograma asumido por el Gobierno español en febrero de 2020, que quedó congelado durante la pandemia con los consiguientes retrasos.
A ellos, se les sumaron las reticencias hechas públicas por el propio presidente para "ceder" a Euskadi responsabilidades en áreas como meteorología o gestión del litoral.
Una vez más, la necesidad de apoyos de Pedro Sánchez para ser reelegido presidente, esta vez tras las últimas elecciones generales, volvió a poner las transferencias en primera línea con el pacto entre PNV y PSOE para el traspaso de otras tres y el compromiso de completar el Estatuto en dos años, es decir, para noviembre de 2025.
Las tres competencias se han firmado al filo de la campana, en la recta final de la última legislatura en la que Urkullu presidirá el Gobierno vasco, y una vez convocadas las elecciones vascas del 21 de abril.
En concreto, las recién llegadas son el servicio ferroviario de Cercanías, la homologación de títulos universitarios y los itinerarios de integración social de los inmigrantes.
Régimen económico de la Seguridad Social a la espera
Con estas 3 son 14 las competencias que pasan a ser responsabilidad vasca en los últimos seis años, que se incorporan al listado de las asumidas con anterioridad, la más importante el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide , que echó a andar el 1 de enero de 2011 tras llegar de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez y con la Lehendakaritza en manos del socialista Patxi López.
Entre casi la veintena de asuntos pendientes, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que supondría el pago de las prestaciones, queda para el final, aunque antes habrá que hacer los estudios de viabilidad pactados por ambos gobiernos.
También está por traspasar la gestión de los puertos de interés general y la de los aeropuertos, una de las reivindicaciones de las que el PNV está haciendo bandera en la campaña electoral, en la que este partido sigue primando el pragmatismo y el planteamiento de los asuntos que más preocupan a la sociedad vasca, como el estado de la sanidad, sobre las demandas de mayor soberanía política para Euskadi.
Concierto Económico y Ertzaintza
En el acuerdo de investidura también se citan dos de las atribuciones que diferencian a Euskadi, el régimen de Concierto Económico, que permite que los tres territorios vascos tengan un régimen de financiación propia, así como la Ertzaintza.
En el primer punto, PSOE y PNV acordaron reforzarlo y ampliarlo con la concertación de impuestos, mientras que en relación a la Ertzaintza pactaron también aumentar sus cometidos y extenderlos a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao y a la investigación y persecución de los delitos contra el medioambiente.
