El Gobierno vasco celebra que las tres transferencias son bienestar pero pide trabajar en todas las pendientes

Euskadi sube un peldaño más en una escalera muy larga hacia el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, al que le quedan todavía una veintena de materias pendientes, algunas de ellas de alto voltaje político como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, o aspectos que históricamente el Estado ha considerado que son complicados de ceder, como los aeropuertos. De este cumplimiento depende la estabilidad del presidente español, Pedro Sánchez, quien se comprometió en su acuerdo de investidura con el PNV a ceder todas las competencias en dos años y que, esta vez sí, necesita al PNV en todas las votaciones.

La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha ofrecido unas breves declaraciones a la prensa, con mucha cautela para no incurrir en un ejercicio de autobombo que pueda ser sancionado por la Junta Electoral. Tras la reunión de la Comisión, encabezada por la propia Garamendi y por el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la consejera ha ratificado que, con los acuerdos alcanzados, se “refuerza” el autogobierno vasco y eso supone “mayor bienestar para la ciudadanía”. Aunque “es muy positivo”, avisó de que quedan una serie de materias por transferir: “Seguimos trabajando”. Estas tres materias suponen un descuento de unos 100 millones del Cupo. Habrá una comisión de seguimiento de estos acuerdos entre ambos gobiernos para garantizar, por ejemplo, las inversiones que ha prometido el Estado en los trenes.

El último trámite que queda es un mero formalismo, la aprobación de los decretos en Consejo de Gobierno y en Consejo de Ministros, y su publicación, que será simultánea, en los boletines oficiales de Euskadi y del Estado. 

Convalidación de títulos

La última remesa de competencias deja muy buen sabor de boca en el PNV, no solo porque se cumple el pacto de investidura, sino también por la trascendencia de estas materias. En los tres casos, el Gobierno español destacó en su nota de prensa que la vasca es la primera comunidad que asume estos servicios. En el caso de la convalidación de títulos, el acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2024. Para esa convalidación, los solicitantes tendrán que estar empadronados en la CAV y, a partir de ahí, su título tendría validez en todo el Estado.

Trenes de Cercanías

El traspaso de trenes, por su parte, era uno de los más ansiados por la parte vasca, porque cree esos servicios han ido languideciendo y están obsoletos. Euskadi tendrá un plazo de seis meses para subrogarse en el contrato que tiene el Estado con Renfe una vez se publique la transferencia en el boletín. Es decir, a ese plazo de seis meses, que podría agotarse o no, hay que sumarle el tiempo que se tarde en llevar el decreto al boletín. El contrato de Renfe, del que se subroga Euskadi, se extiende hasta 2027. Ese plazo de seis meses es el que marca el hito a partir del cual Euskadi podrá mejorar sus frecuencias y su calidad, declarando también un nuevo servicio de cercanías para el tramo Bilbao-Karrantza. Euskadi podrá decidir los horarios y tarifas, gestionará los servicios en Bizkaia y Gipuzkoa, y podrá ampliar las líneas a Araba declarando nuevos servicios entre Araia y Gasteiz, y entre Gasteiz y Manzanos Ribera Baja. Además, a nivel económico, el acuerdo es redondo, porque se descontarán 92,7 millones del Cupo que se paga anualmente al Estado y, además, el Estado no se lava las manos y se compromete a realizar cien mejoras por valor de 400 millones de euros, por ejemplo, en renovar los trenes. El plazo máximo para esas inversiones es de diez años.

En el caso de Bizkaia, Euskadi gestionará las líneas Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi, Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz, Bilbao Abando-Laudio-Orduña y Bilbao-Balmaseda. En Gipuzkoa, gestionará la línea Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola. A futuro, se contempla el traspaso de la variante sur ferroviaria de acceso al puerto de Bilbao cuando se acabe de construir. 

Acogida

En el caso de la acogida de las personas que cuentan con un estatus de protección internacional, que huyen de situaciones como la guerra o las dictaduras, Euskadi asumirá la prestación de apoyo social, jurídico, psicológico y el asesoramiento laboral. “Es el primer traspaso en la materia”, destacó el Estado, que en paralelo tendrá que negociar con Junts cesiones sobre migración que aún no se han concretado. En cualquier caso, el Estado retiene aún la competencia para otorgar el estatus de refugiado. Euskadi, que llevaba años ejerciendo esta asistencia, se descontará del Cupo 2,4 millones de euros. A partir del 1 de enero de 2025, asumirá esa competencia con todas las de la ley. 

Lo que queda pendiente

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ratificó hace unos días en el Senado en respuesta al PNV que su gobierno llevará a cabo el “pleno” cumplimiento del Estatuto en los dos años pactados, como también se ha cumplido el plazo de tres meses para las tres materias que se reciben ahora. Ahora que los votos del grupo jeltzale son imprescindibles, las respuestas del Gobierno español son más categóricas y las tres primeras materias, de hecho, se ultimaron en los 100 primeros días de gracia de Sánchez. La gestión de la veintena de traspasos que queda por delante le corresponderá al siguiente lehendakari. El candidato jeltzale, Imanol Pradales, ha puesto el foco en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Hondarribia y Foronda; los puertos de Bilbao y Pasaia; la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y las materias de los artículos 18 y 12 que permitirían articular un marco sociolaboral vasco (se recoge la gestión del Fogasa, el fondo que paga los salarios en las empresas en quiebra; o de las ayudas para el cuidado de hijos con cáncer).

Se da la circunstancia de que la gestión del puerto de Pasaia y la gestión del Fogasa fueron dos materias que el lehendakari Urkullu también destacó en el pleno de política general del año pasado. La consejera Garamendi, por su parte, envió en su momento siete propuestas a la anterior ministra, Isabel Rodríguez, por propia iniciativa, para tratar de insuflar vida y ritmo a la negociación. A Garamendi le ha tocado gestionar, no obstante, en un periodo donde los votos del PNV no eran tan vitales para Sánchez. La consejera envió las ofertas relativas a la ordenación del litoral, meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, homologación de títulos universitarios, centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, y autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes.

En el Estatuto quedan pendientes otras como los aeropuertos, los seguros agrarios, los servicios privados de seguridad, mercados de productos de la pesca; seguros, crédito y banca; crédito oficial, mercado de valores, centros de investigación y asistencia técnica, hidrocarburos, sector público estatal, administración institucional e innovación tecnológica, permisos de circulación y matriculación de vehículos, régimen electoral municipal, inspección pesquera, experimentación de obras públicas y las materias relacionadas con la Seguridad Social.

Torres destaca el "rigor" de un acuerdo que es "más autogobierno"

Durante el mandato de Pedro Sánchez y tras los últimos acuerdos, las competencias que han llegado a Euskadi ascienden a 14: las tres firmadas este lunes sobre trenes, convalidación de títulos universitarios extranjeros y acogida de refugiados; y dos líneas de tren por sentencia del Tribunal Constitucional, la AP-68, el seguro escolar, productos farmacéuticos, ayudas a la jubilación en empresas en ERE, gestión de las cárceles, transporte por carretera, código bibliográfico ISSN, edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa y, fuera del calendario del Gobierno español, la gestión del IMV, una ayuda de reciente creación en el Estado. 

Tras la reunión de este lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado el “rigor” de un acuerdo que supone “más Constitución”. En declaraciones a los medios de comunicación, puso en valor que esta es la “primera” reunión de una Comisión Mixta de Traspasos en la presente legislatura. Por tanto, la comunidad autónoma vasca ha sido la primera en recibir más competencias en esta legislatura, un trabajo sobre el cual quiso destacar también su “rigor”. Hasta ahí pudo leer, pero es evidente que la referencia trae rápidamente a la memoria el marcaje de la derecha española en los tribunales para cuestionar estos pactos.

“Son tres traspasos en los que llevamos trabajando muchísimo tiempo, y en estos tres meses hemos intensificado el trabajo para poder llegar unánimemente a este acuerdo. Significa más Constitución, más autogobierno y más desarrollo de las competencias. Ha sido un trabajo arduo, riguroso, serio y coherente que ha dado sus frutos y, por tanto, estoy contento de poder tener este primer paso en una Comisión Mixta. Tendremos otras con otras comunidades para caminar en el traspaso de competencias diversas”, defendió. En la reunión acompañaron a Garamendi y Torres los consejeros vascos de Economía, Educación, Vivienda y Políticas Sociales (Azpiazu, Bildarratz, Arriola y Melgosa); el viceconsejero de Régimen Jurídico, Sabino Torre; el secretario suplente de la Comisión, Ugaitz Zabala; el secretario de Estado Arcadi España; la secretaria de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; y el delegado del Gobierno español en suelo vasco, Denis Itxaso, entre otros.