El pasado 2025, el PSOE vivió un auténtico calvario con la incesante cadena de causas penales que salpicaban a figuras que habían ejercido responsabilidades importantes en el partido o que estaban estrechamente vinculadas a su líder, Pedro Sánchez. El caso Koldo, que implica al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de organización socialista, Santos Cerdán, quizás el más mediático, sigue trayendo cola y vivirá este martes el inicio del juicio por una de sus piezas. Pero también están en la lista el proceso contra la exmilitante Leire Díez por sus maniobras irregulares contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; las investigaciones abiertas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y contra su hermano, David Sánchez... Todos esos casos acapararon la atención mediática y dieron carnaza al PP para arremeter contra los responsables de Ferraz. Pero ahora las tornas cambian y el foco apunta a Génova con el arranque del sumario por la Operación Kitchen, que sentará a partir de este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a varios exaltos cargos de la formación popular. Entre ellos destaca el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, imputado como máximo responsable de una trama parapolicial urdida con el fin de arrebatar al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos comprometedores para la formación que actualmente preside Alberto Núñez Feijóo y que en el momento en el que se produjeron los hechos objeto de investigación, en 2013, comandaba Mariano Rajoy, quien también participará en el procedimiento en calidad de testigo.

Desde este lunes 6 de abril y hasta el próximo 30 de junio serán juzgados, junto a Fernández Díaz, otros integrantes de la cúpula de Interior de la época, como el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, o el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino. Entre los diez acusados -eran once, pero uno de ellos ha sido eximido por enfermedad-, también se encuentran Andrés Gómez Gordo, que ejerció como asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando esta presidía Castilla-La Mancha, así como el omnipresente José Manuel Villarejo. El controvertido comisario fue uno de los organizadores del operativo para sustraer la documentación de Bárcenas precisamente cuando se estaba investigando el caso Gürtel, la trama de corrupción que vivió el año pasado su carpetazo en los tribunales 18 años después del arranque de la investigación y por la que fue condenado el propio Partido Popular por lucrarse de los delitos juzgados.

En el grupo de personas acusadas también llegó a estar la citada María Dolores de Cospedal debido a sus reuniones en la sede de Génova con Villarejo, admitidas por la propia exdirigente popular, si bien esta ha negado siempre que en ellas se trataran asuntos vinculados a la Operación Kitchen. Finalmente, el juez instructor, Manuel García Castellón, optó por no citarla a declarar en calidad de investigada, al igual que hizo con el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó. Todo ello en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba a ambos la rama política del caso. García Castellón tampoco admitió las peticiones de las acusaciones populares de que el PP fuese acusado como persona jurídica, pese a que el propio Fernández Díaz llegó también a apuntar al partido como responsable a título lucrativo del robo de los documentos de Bárcenas. Por ese motivo, el Ministerio Fiscal achacó al juez, en un escrito posterior, haber "cerrado en falso" la causa al haber dejado fuera de la misma la "trama de corrupción política" del PP.

Cospedal y Rajoy, testigos

Cospedal y Cosidó forman ahora parte del listado de testigos citados a declarar en la causa y que incluye a personalidades tan destacadas en el PP como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el senador del PP Javier Arenas, hombre fuerte en Génova tanto con Rajoy como con José María Aznar y que mantuvo una estrecha relación con Bárcenas hasta la expulsión de este del PP.

En cuanto a los acusados, estos se enfrentan a peticiones de pena del fiscal que oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, más elevada, que es la que afronta Villarejo. En el caso de Fernández Díaz y quien fuera su segundo, Francisco Martínez, la Fiscalía pide para ellos 15 años de prisión por dar la orden de espiar a Bárcenas para sustraerle esas posibles pruebas sensibles que podrían acreditar una financiación ilegal del PP y la implicación en ella de sus dirigentes. El exministro de Interior asegura que él nunca supo de esta operación, mientras que Martínez sostiene que la primera vez que llegó a sus oídos fue cuando Fernández Díaz le comentó que alguien le había comunicado que se había captado como confidente al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Este, otro de los acusados, recibió 54.000 euros en fondos reservados a cambio de sus servicios y consiguió plaza en la Policía, de la que actualmente se encuentra suspendido.

Según Martínez, el exministro le pidió que indagara y con ese fin se puso en contacto con el entonces DAO Eugenio Pino, quien a su vez le dijo que se enteraría y poco después se lo confirmó. Para demostrar su versión, el exsecretario de Estado entregó en el juzgado una cadena de mensajes de whatsapp que previamente había protocolizado ante notario entre los que figura el que supuestamente le envió su superior preguntando por el chófer, pero Fernández Díaz niega que él se lo mandara, que es una manipulación de Martínez y mantiene que en ningún momento estuvo al tanto de esta operación.

En el banquillo de los acusados también se sentarán otros ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o el que fuera responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas. Así mismo, en la Operación Kitchen tuvo un papel destacado el comisario Enrique García Castaño, si bien este ha sido eximido de ser juzgado debido a las secuelas del ictus que sufrió en mayo de 2022, cuando se enfrentaba al primer juicio del caso Tándem, trama vinculada a la Kitchen por la cual José Manuel Villarejo fue condenado finalmente a 13 años de prisión a raíz de sus actividades de espionaje.

García Castaño, eximido

García Castaño fue el primero en admitir la existencia de esta trama parapolicial al acecho de los documentos de Bárcenas, si bien con otro fin distinto al que defiende la Fiscalía. El interés de la operación, según su versión y la de otros acusados, era la de averiguar si el extesorero ocultaba cuentas en el extranjero y localizar a sus testaferros. Con ese objetivo explicó que fue captado Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, para lo que supuestamente se contó con la ayuda de Gómez Gordo. La trama lo llamaba "el cocinero", lo que dio nombre a la operación Kitchen, cocina en inglés.

García Castaño declaró ante el juez que en el marco del operativo, Ríos logró apoderarse de dos móviles y una tablet del extesorero que le llevó a una cafetería para volcar su contenido a un ordenador. Cuando terminó le devolvió los dispositivos para reponerlos en su lugar, y posteriormente pasó la información extraída a un pendrive que entregó a Martínez, extremo que éste niega.

Bárcenas ejerce la acusación

Por su parte, Luis Bárcenas, que declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados, ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos. La familia Bárcenas acusa a ambos y a su cúpula policial de un delito de asociación ilícita y les considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014, cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote y retuvo a la familia del exsenador bajo amenazas para que le entregasen documentos que podrían afectar al partido. Para el chófer de la familia pide 33 años de cárcel y le acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza.

Un tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por la magistrada Teresa Palacios, juzgará ahora la causa, en la que ejercen también la acusación PSOE y Podemos. El partido que lidera Pedro Sánchez pide 47 años y 10 meses de cárcel para el exministro del Interior y 38 años y 3 meses de cárcel para su número dos, mientras que la formación morada reclama 41 años de prisión para cada uno.

El caso Kitchen, cuya investigación judicial comenzó en 2018, fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que consideró probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas.