El fiscal general podrá jugar una última carta ante el Supremo para acudir después al Constitucional

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podrá combatir la condena a dos años de inhabilitación y pago de unos 20.000 euros que le ha impuesto este jueves el Tribunal Supremo (TS) ante el propio TS, mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional (TC).

Según han explicado distintos juristas a Europa Press, contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno dentro del tribunal. Solo es posible presentar un incidente de nulidad, que es un procedimiento excepcional que permite impugnar la sentencia firme cuando ésta ha vulnerado un derecho fundamental y no ha sido posible denunciarlo por otra vía.

INCIDENTE DE NULIDAD

Los incidentes de nulidad no suelen tener éxito pero formalmente son necesarios para poder solicitar amparo al TC. De recorrer este camino, el jefe del Ministerio Público podría solicitar luego al Constitucional que, de forma cautelar, suspenda la ejecución de la condena hasta que se pronuncie sobre el fondo de su recurso contra la decisión del TS.

No obstante, los tiempos del TC no favorecerían a García Ortiz, toda vez que lo más probable es que se iniciara el proceso para ejecutar el fallo del Supremo antes de que se decidiera sobre la admisión del recurso de amparo y de que se tramitara la petición de suspensión provisional.

Este mismo jueves, horas después de que se diera a conocer el fallo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en una breve declaración institucional que en los próximos días el Ejecutivo iniciará el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz.

Bolaños ha manifestado que, aunque "el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo", tiene el "deber moral" de decir públicamente que no lo comparte. Y ha reiterado que desde Moncloa "siempre" han creído y defendido "la inocencia" del jefe del Ministerio Público, a quien le ha reconocido su "compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad".

Hasta que no se notifique la sentencia --que aún no está redactada--, el fiscal general no podrá acudir al TC. Solo podrá hacerlo una vez que reciba la resolución judicial firmada por los siete magistrados del tribunal --con los votos particulares de dos de las magistradas incluidos-- y después de que haya presentado el mencionado incidente de nulidad y el TS le haya contestado.

A LA ESPERA DE LA SENTENCIA

El Supremo ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El fallo no ha sido adoptado por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico, dado que ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.