El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El tribunal --formado por siete magistrados de mayoría conservadora-- ha adelantado su fallo este jueves, tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
La decisión no ha sido unánime, ya que cuenta con el voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. De hecho, esta última era la ponente de la sentencia, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del TS, que también presidió el tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente. Aún no está redactada.
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
Un correo con la admisión de dos delitos
Durante seis jornadas, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Este empresario está procesado por dicho fraude en un juzgado de Madrid.
Las acusaciones, en sus exposiciones finales, destacaron que la información de dicha confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que era la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se había difundido en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
La sentencia deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, que ahora podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Durante el juicio, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que "la verdad no se filtra; la verdad se defiende".
Su defensa subrayó el valor del testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocieron dicho correo antes que el fiscal general del Estado.
Siete acusaciones solicitaron para él un arco de penas que oscilaba de entre 3 y 6 años de prisión, y hasta 12 años de inhabilitación, así como la suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, mientras que la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que ejercía la defensa, pedían la absolución.
Las acusación particular la ejerció la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las populares el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
